El 7 de agosto de 2026 quedará grabado en nuestra historia como el día en que Colombia recuperó su dignidad y le cerró la puerta en la cara a la impunidad. El presidente Abelardo de la Espriella asumió el mando de la República en un acto inédito y profundamente simbólico desde la ciudad de Cali. Sin embargo, más allá de la ceremonia oficial, fue su imponente discurso en el Cantón Militar Pichincha el que nos devolvió la esperanza a los colombianos de bien y le notificó a la delincuencia que la fiesta se les acabó.
Durante cuatro años, en el Tolima y en todo el territorio nacional, padecimos el abandono de un Estado que amarró a nuestras Fuerzas Armadas y le entregó el país a las disidencias, al Clan del Golfo y al ELN bajo el engaño de la «Paz Total». Hoy, esa doctrina del apaciguamiento ha muerto. Como bien lo sentenció nuestro nuevo Comandante en Jefe, «la opción del diálogo está completamente agotada». No habrá más mesas de negociación complacientes ni falsas treguas que solo sirvieron para fortalecer el narcoterrorismo y oxigenar la extorsión en nuestras regiones.
La instrucción impartida a nuestras Fuerzas Militares y de Policía fue perentoria y contundente: combatir sin tregua a todas las estructuras criminales. Los terroristas y las bandas que hoy asedian al Tolima y al resto del país tienen desde ahora solo dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida y abrumadora del Estado colombiano.
Pero el presidente De la Espriella fue más allá de las simples órdenes operativas. Entiende perfectamente que la autoridad no termina con la captura del delincuente. Por eso, el anuncio de la construcción de megacárceles para recluir a la peor amenaza de nuestra sociedad es un paso fundamental para garantizar que quien la hace, la paga con rigor. Ya no habrá beneficios judiciales para los verdugos de nuestro pueblo. En contrapartida, nuestros militares y policías tendrán plenas garantías jurídicas para operar en el territorio sin el temor de ser perseguidos por cumplir con su deber constitucional.
La seguridad es el cimiento indispensable sobre el cual se construye el progreso. No hay justicia social si el trabajador honrado debe entregar el fruto de su esfuerzo al extorsionista, o si la mujer trabajadora teme tomar el transporte público. El mensaje emitido desde el Cantón Pichincha resonó con fuerza: el Estado vuelve a la ofensiva para proteger de manera irrestricta al ciudadano de a pie.
Desde el Centro Democrático respaldamos con absoluta convicción este nuevo derrotero de defensa nacional. El Tolima ha sufrido con sangre las consecuencias del desgobierno anterior, pero hoy respiramos otro aire. El orden, la autoridad y el imperio de la ley han regresado a Colombia. Que los criminales no se equivoquen; la República ha despertado para hacer valer su libertad.
