Por estos días, miles de contratistas de las entidades públicas atraviesan momentos de angustia e incertidumbre. Y no es para menos: en la mayoría de entidades territoriales, los contratos de prestación de servicios solo pueden celebrarse de manera directa hasta el 31 de enero. Quien no logra firmar antes de esa fecha, queda prácticamente en el limbo administrativo y económico, teniendo que esperar hasta mitad de año o, en escenarios más complejos, hasta que pasen procesos electorales como una segunda vuelta presidencial, con la esperanza de que su padrino político siga teniendo poder y el mandatario de turno decida volver a contratarlo.
Según cifras del DANE, en Colombia existen más de 900.000 contratistas por prestación de servicios vinculados al sector público, lo que representa cerca del 40 % del personal que sostiene la operación diaria del Estado, especialmente en alcaldías, gobernaciones y entidades descentralizadas. Sin embargo, la estabilidad laboral para este grupo sigue siendo una promesa incumplida.
En las entidades públicas se ve de todo frente a los contratistas: hay personas altamente capacitadas, eficientes y comprometidas con la gestión pública; pero también existen otros que apenas aparecen para firmar planillas y cobrar honorarios. Desafortunadamente, esta desigualdad no se corrige por mérito, sino que muchas veces se tolera y se reproduce porque responde a acuerdos políticos, favores electorales y lealtades partidistas.
Es realmente lamentable la situación de aquellos contratistas que sí ponen su empeño para sacar adelante las entidades. No es un secreto que muchas oficinas públicas funcionan gracias al trabajo de estas personas, quienes, paradójicamente, son las más vulnerables. Son quienes sufren cada inicio de año buscando empleo, tocando puertas, esperando una llamada, o peor aún, rogándole a un político para poder conservar su sustento.
A esto se suma una carga económica que pocos visibilizan. Un contratista debe asumir el pago de pólizas, estampillas, seguridad social, y ahora, con el aumento del salario mínimo, una cotización que puede representar entre el 28 % y el 30 % de sus honorarios mensuales. En muchos casos, de un contrato de $3.000.000, el contratista termina recibiendo poco más de $2.000.000, sin primas, sin cesantías y sin estabilidad.
