La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ordenó hoy la intervención inmediata de la Unidad de Salud de Ibagué (USI), retirando a todos los funcionarios administrativos —ni siquiera les permitieron sacar sus bolsos—, lo que generó incertidumbre sobre la atención de cientos de usuarios que dependen del sistema local. La medida llega en medio de múltiples denuncias contra la entidad: según concejales locales, la USI enfrenta problemas graves como cierre de centros de salud, quirófanos fuera de servicio, falta de medicamentos, escasez de ambulancias nocturnas y personal médico insuficiente.
La intervención se produce pocas semanas después de que surgieran denuncias sobre presuntas sobrecontrataciones y un presupuesto de nómina que, según los críticos, supera el 70 % de los recursos de la entidad. La Supersalud aún no ha divulgado públicamente el detalle de las irregularidades que motivaron esta decisión, pero los representantes de la comunidad advierten sobre las consecuencias inmediatas en la prestación de servicios: cientos de ibaguereños podrían quedar sin acceso a consultas, urgencias y atención básica mientras se define el futuro de la USI.
Autoridades locales y defensores de los derechos de los pacientes exigen que se garantice un plan de contingencia que permita mantener la atención médica mínima, mientras el organismo de control realiza su investigación.
