La Fiscalía General de la Nación judicializó a 10 presuntos integrantes de una red delincuencial dedicada a la comercialización ilegal de armamento y municiones, que serían destinados a las disidencias de las FARC en los departamentos de Cauca, Tolima, Meta y Arauca, así como a bandas urbanas ilegales en Bogotá.
Entre los implicados figuran un soldado profesional activo del Ejército Nacional y un intendente pensionado de la Policía Nacional, quienes habrían aprovechado su acceso institucional para sustraer material bélico de uso exclusivo de las Fuerzas Militares. Este luego era vendido a través de intermediarios con permisos de comercialización falsificados.
Los capturados fueron identificados como Alberto Hernando Orozco Salcedo, Luis Eduardo Urueña Díaz, Henry Mosquera Ramírez, Homes Bastidas Ardila, Bernardino Wilches Vargas, Jaime Humberto Puentes Puentes, Jairo Enrique Valenzuela Ramírez, David Bustos Vanegas, Jhon Alexander Salgado Osorio, Yesi Lenin Molano Santamaría y Katerine Celeste Baquero González.
De acuerdo con la Fiscalía, Orozco Salcedo —exintendente de Policía— sería uno de los líderes de la estructura, reclutando personas con acceso a la industria militar para obtener armas y municiones, que luego se legalizaban con documentación falsa. Por su parte, el soldado Salgado Osorio estaría encargado de extraer armamento de los batallones donde prestaba servicio.
La red operaba bajo la fachada de actividades comerciales lícitas, y también se apropiaba de material de guerra almacenado en el Fuerte Militar de Tolemaida y la sede de Indumil en Soacha.
Durante los operativos realizados por el CTI y la Brigada 13 del Ejército, fueron incautados 20 salvoconductos vencidos, 3.184 municiones de distintos calibres, 16 rifles, 67 proveedores, 13 pistolas, 7 revólveres, una subametralladora, 5 escopetas, 4 carabinas, un detonador eléctrico, una lanzagranadas, 55 uniformes militares y 45 millones de pesos en efectivo.
