Iniciar esta columna es difícil, sobre todo porque es una opinión, no una verdad absoluta ni un referente de sabiduría. Pero en medio del dolor y la indignación que nos ha dejado el reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado por un joven de 15 años, siento la necesidad de reflexionar sobre lo que realmente está en juego. No solo la seguridad, sino la esperanza de un país que aún sueña con la paz.
El joven detenido llevaba un arma tipo Glock calibre 9 milímetros y disparó seis veces. Una de las balas impactó en la cabeza del senador, quien permanece en estado crítico. El menor fue reducido tras recibir un disparo en una pierna y permanece bajo vigilancia policial en una clínica. La Fiscalía abrió dos procesos: uno por el atentado como tentativa de homicidio agravado, y otro desde el sistema penal juvenil, que contempla medidas distintas a las de la justicia ordinaria. Además, debido a su edad, intervienen entidades como el ICBF para garantizarle el debido proceso y sus derechos como menor.
Este caso también revela un drama social. El menor no vive con sus padres. Su madre falleció hace años y su padre se encuentra fuera del país. Actualmente, está bajo el cuidado de un tío que trabaja como conductor informal y que ha sido el único familiar en responder ante las autoridades.
Que un adolescente de 15 años porte un arma y dispare a un político a plena luz del día no debería dejarnos indiferentes. Es necesario entender que sí hay consecuencias legales, pero también preguntarnos cómo llegamos a este punto como sociedad. Que no se nos olvide, ser menor de edad en Colombia no significa quedar impune. Probablemente, el menor fue seducido con el pretexto de «Usted es menor de edad, máximo le dan 8 años».
La historia de este joven no es aislada. En Colombia, la instrumentalización de menores de edad como actores armados y criminales ha sido una constante a lo largo de décadas de conflicto político y violencia. Desde finales de los años 80, niños, niñas y adolescentes han sido utilizados como sicarios, espías, informantes y combatientes por carteles de droga, guerrillas, paramilitares y hasta por agentes del Estado. La Comisión de la Verdad ha documentado cómo incluso la Fuerza Pública involucró a menores como informantes y mensajeros.
Este patrón de violencia ha dejado cicatrices profundas en la sociedad colombiana. Pero también ha generado una resiliencia colectiva, una determinación de no repetir los errores del pasado y de construir un futuro en paz. La Ley 1098 de 2006, que establece el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, reconoce que los menores de edad son responsables penalmente, pero también establece que las sanciones deben tener un carácter pedagógico y restaurativo, orientadas a la rehabilitación y no al castigo.
Este enfoque refleja una comprensión profunda de que la violencia no se combate solo con medidas punitivas, sino con educación, inclusión y oportunidades para los jóvenes. Es un reconocimiento de que cada vida tiene valor y que cada joven tiene el potencial de contribuir positivamente a la sociedad.
Colombia no es un país violento por naturaleza. Es un país marcado por la violencia, sí, pero también por la esperanza. Es un país que ha sufrido, pero que también ha aprendido, que ha caído, pero que se ha levantado. Es un país que, a pesar de las cicatrices, sigue soñando con la paz.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay es una tragedia que no debe repetirse. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre cómo estamos formando a nuestros jóvenes, sobre cómo estamos protegiendo sus derechos y sobre cómo estamos construyendo una sociedad más justa y equitativa.
La paz no es solo la ausencia de violencia; es la presencia de justicia, de oportunidades, de respeto y de dignidad para todos. Y esa paz comienza con cada uno de nosotros, con nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras voces.
