Aunque la extorsión sigue golpeando a los tolimenses, las cifras oficiales muestran una aparente calma: no hay denuncias registradas en la Policía, el Ejército ni la Fiscalía. Así lo afirmó Guillermo Ignacio Alvira Acosta, secretario de Seguridad del Tolima, quien alertó sobre el impacto de este silencio: «Si no hay denuncias, no podemos medir el delito. Sabemos que estos grupos están extorsionando, pero necesitamos que las víctimas confíen en las líneas de denuncia 147 y 165 para actuar».
En medio de este panorama, la Gobernación del Tolima y el Comité de Orden Público han aprobado un plan de recompensas para dar con los principales cabecillas de grupos criminales en la región. Se ofrecen hasta $300 millones por información que permita capturar a Fabián Guillermo Espinoza, alias «Cancharino», señalado como jefe de la estructura delincuencial Joaquín González, y $50 millones por alias «Fabián», supuesto cabecilla financiero del mismo grupo.
El funcionario también reveló que «Cancharino», proveniente del Caquetá, opera en Rovira, Roncesvalles y San Antonio, ampliando su control territorial y ejerciendo presión sobre las comunidades rurales. Aunque las autoridades aseguran haber capturado a más de 70 extorsionistas y desarticulado dos frentes de las FARC en los últimos meses, el miedo sigue siendo un obstáculo para la denuncia ciudadana.
“Sabemos que las familias están atemorizadas, pero queremos dejar claro que no están solas. Hemos facilitado recursos y fortalecido a la Fuerza Pública para que actúe con contundencia contra estos criminales”, sostuvo Alvira.
Aún así, el mensaje de las autoridades no ha logrado calar en las víctimas, que prefieren callar antes que enfrentar posibles represalias. Mientras tanto, las extorsiones se mantienen como un problema invisible, pero real, en las zonas rurales del Tolima.
