El Gobierno colombiano presentó una protesta formal ante Ecuador tras la deportación de cerca de 700 a más de 800 ciudadanos colombianos privados de la libertad desde cárceles ecuatorianas.
Las autoridades consideran que la acción se realizó sin coordinación ni protocolo bilateral adecuado y califican el acto como un gesto “inamistoso”. Ecuador, por su parte, sostiene que actuó conforme a su legislación con resoluciones judiciales individuales desde el 8 de julio.
Ecuador niega deportaciones masivas y afirma que todos los procesos fueron judicializados. En Ipiales, autoridades colombianas aseguran que los deportados llegaron sin aviso oficial previo, lo que desató una crisis diplomática.
Deja tu comentario
