La reciente sequía que afecta a varios ríos en Colombia, incluyendo el emblemático río Amazonas, nos plantea una realidad angustiante. Los efectos del cambio climático se están sintiendo cada vez con mayor intensidad en nuestras tierras, y las consecuencias son devastadoras tanto para la biodiversidad como para las comunidades que dependen de estos ecosistemas. El gobierno de Gustavo Petro, que ha puesto la agenda ambiental como uno de sus pilares, enfrenta un reto crucial: tomar medidas más drásticas y definitivas para frenar el deterioro de nuestros recursos naturales y hacer frente a las corporaciones que, en gran medida, contribuyen a esta crisis.
La agonía del río Amazonas: Un llamado de alerta
La cuenca amazónica, conocida como el pulmón del mundo, está bajo una presión sin precedentes. La deforestación, la expansión agrícola, y la minería ilegal están desangrando esta vasta selva tropical, mientras que la sequía provocada por la alteración climática amenaza con secar partes importantes de su sistema fluvial. El río Amazonas, que ha sido un símbolo de vida y abundancia, ahora sufre por el desequilibrio ecológico que hemos creado.
Las imágenes de ríos secos y comunidades indígenas luchando por acceder a agua potable deben ser suficientes para conmocionar a cualquier gobierno, pero más aún a uno que ha prometido un giro radical en la política ambiental. Petro ha señalado la crisis climática como uno de los desafíos más apremiantes, pero el tiempo apremia, y no basta con promesas. Se necesitan acciones contundentes, y estas deben incluir no solo reformas, sino también la aplicación estricta de la ley.
La necesaria profundización de la política ambiental
Si bien el gobierno de Petro ha planteado una serie de políticas para proteger el medio ambiente, es evidente que esto no será suficiente sin un enfoque más agresivo. No es un secreto que, en Colombia, los intereses corporativos han sobrepasado, durante décadas, el bienestar ambiental. La explotación minera y petrolera, entre otras industrias, sigue siendo responsable de un daño irreparable en nuestros ecosistemas. Las sanciones a estas empresas son, en muchos casos, insuficientes para disuadirlas de seguir operando con prácticas que devastan los entornos naturales.
En este sentido, la administración de Petro debe encaminarse hacia un endurecimiento significativo de la legislación ambiental. No podemos seguir permitiendo que las grandes corporaciones actúen con impunidad. Un marco legal más rígido, con sanciones más severas y de aplicación inmediata, es imperativo. El gobierno debe asegurarse de que los daños ambientales no queden impunes y de que las empresas que los ocasionen enfrenten consecuencias que realmente las disuadan de repetir sus prácticas destructivas.
Empresas bajo la lupa: ¿hora de cambiar el modelo?
Para cambiar la relación de las empresas con el medio ambiente, se debe considerar no solo una legislación punitiva, sino también un replanteamiento de los incentivos económicos. Petro debe aprovechar la oportunidad de generar un cambio estructural en el modelo productivo colombiano, alejándose de la dependencia de los recursos extractivos y promoviendo alternativas sostenibles. La transición hacia una economía verde no solo es una respuesta necesaria a la crisis climática, sino que también ofrece la posibilidad de generar empleo y desarrollo económico sin comprometer nuestros ecosistemas.
No podemos seguir esperando que las lluvias regresen por sí solas o que el Amazonas se recupere mágicamente. La protección del medio ambiente requiere un enfoque integral que contemple no solo la conservación, sino también la restauración activa de los ecosistemas dañados. Para lograrlo, el gobierno debe trabajar con comunidades locales, científicos y organizaciones internacionales, pero también debe enfrentar a las empresas que anteponen sus ganancias al bienestar común.
¿Un nuevo pacto verde?
Gustavo Petro tiene la oportunidad única de liderar un cambio profundo en la política ambiental de Colombia, pero este cambio debe ir más allá de las palabras y las intenciones. La sequía en los ríos y la crisis en el Amazonas son solo un síntoma de una enfermedad más grande: nuestra desconexión con la naturaleza y la falta de voluntad política para protegerla.
La solución no es sencilla ni rápida, pero debe comenzar con un endurecimiento de las leyes ambientales y una política firme frente a las empresas que destruyen nuestros recursos. Petro debe liderar con el ejemplo, y Colombia debe convertirse en un faro de esperanza en la lucha global contra el cambio climático. El futuro del Amazonas y de nuestro país depende de ello.
Miguel Moreno, abogado
