Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, anunció su renuncia formal a la prescripción en el proceso penal por el cual fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión por soborno en actuación penal y fraude procesal.
Esta decisión implica que el caso deberá resolverse en segunda instancia a más tardar en octubre de 2027, lo que impide que el expediente quede archivado automáticamente sin un fallo judicial de fondo.
La movida de Uribe tiene un fuerte impacto político, pues lo mantiene en el centro del debate público en plena temporada preelectoral, donde su partido, el Centro Democrático, busca reposicionar su discurso de seguridad y justicia.
Mientras algunos sectores aplaudieron la decisión como un acto de “coherencia política”, críticos señalaron que se trata de una estrategia para dilatar y mantener el tema en la agenda nacional.
