Hay frases que duelen más que los hechos. Y cuando esas frases salen de la boca del presidente de la República, el dolor se convierte en indignación nacional. Kevin Acosta, un niño de apenas siete años, no murió por jugar en bicicleta. Murió como lo dijo su madre con una dignidad que desarma porque durante más de 70 días no recibió el medicamento que necesitaba para vivir. Y frente a esa tragedia, el gobierno de Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, optaron por lo más bajo: culpar a la madre.
Kevin padecía hemofilia A severa, una enfermedad huérfana que exige tratamiento profiláctico constante. Con el medicamento adecuado, un niño con esta condición puede llevar una vida relativamente normal. Sin él, cualquier golpe puede ser mortal. La Nueva EPS hoy intervenida y bajo control del Gobierno Nacional incumplió durante más de dos meses la entrega del fármaco. Setenta días de negligencia. Setenta días de abandono. Cuando el niño sufrió una caída en Pitalito (Huila), su cuerpo no tenía la protección necesaria. El trauma craneoencefálico derivó en hemorragias incontrolables y, tras demoras burocráticas en su traslado al Hospital La Misericordia en Bogotá, Kevin falleció el 13 de febrero.
Pero lo verdaderamente escandaloso vino después. El ministro Jaramillo afirmó que el niño murió por el golpe y que a los niños con hemofilia “hay que restringirles” ciertas actividades. El presidente Petro, lejos de exigir responsabilidades en la EPS intervenida, respaldó esa versión y deslizó una frase tan clasista como cruel: que las madres “no salen aprendidas”, menos en “niveles educativos deficitarios”. Es decir, la culpa no es del sistema. Es de la mamá. Es del niño. Es de la pobreza.
No hay acto más miserable que revictimizar a quien ya lo ha perdido todo.
Este no es un caso aislado. Las asociaciones médicas y de pacientes vienen alertando sobre el desabastecimiento de medicamentos para enfermedades huérfanas, oncológicas y crónicas. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en 2023 y 2024 se dispararon las quejas por falta de entrega oportuna de medicamentos, superando las 150.000 reclamaciones relacionadas con barreras de acceso en salud. La Supersalud ha intervenido varias EPS, pero la crisis lejos de resolverse se ha profundizado. Pacientes esperando quimioterapias, niños sin tratamientos vitales, adultos mayores recorriendo farmacias sin encontrar sus fórmulas. El sistema está en cuidados intensivos.
Y en medio de ese panorama, duele doblemente que el ministro Jaramillo, médico pediatra y tolimense, haya optado por la defensa política antes que por el juramento hipocrático. Duele que un tolimense haya preferido blindar al gobierno antes que abrazar el dolor de una madre. Porque cuando la política desplaza a la compasión, se pierde algo más que una elección: se pierde la humanidad.
El Gobierno prometió que la salud dejaría de ser un negocio para convertirse en un derecho. Hoy, bajo su intervención directa, los pacientes no encuentran medicamentos y los funcionarios encuentran excusas. Kevin no necesitaba discursos sobre prevención. Necesitaba su tratamiento a tiempo.
La historia juzgará esta tragedia, pero el país ya ha emitido su veredicto moral: un Estado que culpa a una madre por la muerte de su hijo es un Estado que ha renunciado a proteger la vida. Y cuando el poder se vuelve indolente frente al sufrimiento, deja de gobernar para empezar a justificar lo injustificable.
La opinión del columnista obedece exclusivamente a su criterio y al del sector que representa, y no compromete ni refleja la postura ni la línea editorial del medio de comunicación Ángeles TV.
