Hoy Colombia vive una de las etapas más críticas en materia de seguridad. La ilegalidad se ha tomado el país y el expansionismo de los grupos terroristas avanza sin control. Basta con recorrer nuestros municipios y hablar con las familias campesinas para constatar una realidad inocultable: miedo, zozobra y abandono del Estado.
Esta situación no es producto del azar. Tiene responsables claros en el Ejecutivo nacional, que en su afán por imponer la llamada Paz Total terminó entregando territorio, autoridad y tranquilidad a los violentos. Mientras el Gobierno insiste en discursos, los grupos ilegales fortalecen sus estructuras y amplían sus fechorías. En esta Navidad, el país no necesita retórica: necesita decisiones firmes. El presidente Gustavo Petro debe asumir su responsabilidad histórica y garantizar la seguridad de los colombianos.
Hace algunos días, en conversación con un alto oficial del Ejército en el Tolima, surgió una reflexión que retrata con crudeza la realidad actual. El aumento salarial y el restablecimiento de la mesada son avances necesarios y justos para dignificar a nuestros soldados, pero de nada sirven si la Fuerza Pública permanece atada de manos. Hoy, quienes deben enfrentar a los terroristas no pueden actuar por cuenta de acuerdos de paz mal concebidos y peor ejecutados.
No se puede vender la paz como sinónimo de miedo. No se puede hablar de reconciliación mientras en las zonas urbanas reaparecen grupos armados al margen de la ley y mientras cafeteros, comerciantes y transportadores son extorsionados y estafados sin que exista una respuesta contundente del Estado.
La paz no se decreta ni se negocia desde la debilidad. El conflicto debe abordarse con una estrategia clara de actuación activa: combatir a los terroristas, recuperar el control del territorio y ofrecerles únicamente dos caminos reales: el sometimiento al diálogo con reglas claras o la derrota mediante la acción legítima de la Fuerza Pública.
En esta Navidad, Colombia y el Tolima no necesitan promesas vacías. Los municipios del sur del departamento están asfixiados por la inseguridad, como lo ha advertido la Defensoría del Pueblo. Hay alcaldes que callan por miedo, conscientes de que denunciar pone en riesgo sus vidas y las de sus familias. Esa misma amenaza la viven a diario nuestros campesinos, olvidados por un Estado que parece haber renunciado a su deber principal.
Que esta Navidad no sea otra más marcada por el temor. Que las decisiones políticas de quienes gobiernan dejen de proteger a los violentos y empiecen, de una vez por todas, a defender al pueblo colombiano.
