El presidente Gustavo Petro anunció la eliminación de la prima especial que recibían los congresistas de la República, una decisión adoptada mediante decreto y presentada como una medida de austeridad y coherencia con el discurso de reducción de privilegios en el Estado.
Según explicó el mandatario, la prima especial —un componente adicional a la asignación mensual— generaba una brecha salarial difícil de justificar en un país con profundas desigualdades sociales. Petro sostuvo que la decisión busca enviar un mensaje político claro sobre el uso de los recursos públicos y la necesidad de que los altos cargos del Estado se ajusten a criterios de equidad y responsabilidad fiscal.
La eliminación de este beneficio se suma a otras iniciativas del Gobierno orientadas a contener el gasto y a revisar regímenes especiales de remuneración. Desde la Casa de Nariño se ha insistido en que el decreto no afecta la autonomía del Congreso ni las funciones legislativas, sino que corrige un esquema salarial que, a juicio del Ejecutivo, no se compadece con la realidad económica del país.
La reacción en el Capitolio fue inmediata. Mientras algunos congresistas respaldaron la medida y señalaron que fortalece la confianza ciudadana en las instituciones, otros advirtieron que el decreto podría generar controversias jurídicas y abrir un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Voces críticas plantearon que cualquier modificación al régimen salarial del Congreso debería tramitarse por la vía legislativa.
Analistas políticos coinciden en que el anuncio tiene un alto contenido simbólico y se inscribe en la narrativa de Petro de confrontar los privilegios de las élites políticas. No obstante, anticipan debates legales y políticos sobre el alcance del decreto y sus efectos reales en las finanzas públicas, así como sobre el impacto que tendrá en la ya compleja relación entre el Gobierno y el Congreso.
