Este jueves 20 de marzo, el Ministerio de Salud instalará en Bogotá la mesa de trabajo sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC), en cumplimiento del Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional. Esta instancia busca recalcular la UPC de 2024 y revisar si los montos fijados en 2021, 2022 y 2023 fueron adecuados para garantizar la prestación de los servicios de salud.
El espacio, de carácter participativo, contará con la presencia de los ministerios de Salud y Hacienda, la ADRES, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, las EPS e IPS, así como agremiaciones de pacientes y el sector académico, de acuerdo con la Resolución 370 expedida recientemente por el Minsalud.
Sin embargo, la composición de la mesa ha generado críticas de varios sectores que aseguran haber sido excluidos. El gremio del talento humano en salud y el sector farmacéutico han cuestionado su ausencia en las discusiones sobre los recursos del sistema. Ahora, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) también ha pedido ser incluida.
“La ANDI cuenta con la representación más amplia del sector salud, con cinco cámaras que abarcan toda la cadena de valor del sistema, agremiando más de 200 empresas”, argumentó la asociación en un comunicado. La organización también resaltó su participación en discusiones previas sobre la sostenibilidad del sistema de salud, especialmente en los espacios convocados por la Corte Constitucional dentro del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.
En ese contexto, el pasado 10 de marzo, la ANDI solicitó formalmente al Ministerio de Salud su inclusión en la mesa de trabajo. Sin embargo, ante la falta de respuesta, reiteró su petición el pasado lunes 18 de marzo, enviando un nuevo oficio al despacho del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
“La solicitud responde al mandato de la Corte Constitucional en el Auto 007 de 2025 y a lo estipulado en la Resolución 370, que establecen la participación de las agremiaciones que representan a las EPS e IPS”, indicó la ANDI.
A medida que avanza la discusión sobre la UPC, el debate se centra no solo en los cálculos financieros, sino en quiénes deben participar en estas decisiones clave para el futuro del sistema de salud en Colombia.
