
Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, ministro de Salud, irá a juicio disciplinario a enfrentar los cargos que la Procuraduría General de la Nación formuló en su contra, por su presunta responsabilidad en el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en Colombia durante 2023.
De acuerdo con el juzgado, la cartera que dirige Jaramillo ha desatendido las órdenes impartidas en la Sentencia T-343 de 2022, proferida por la Corte Constitucional. En dicha providencia, se ordenó a varias entidades retirar del mercado todos los insecticidas que contengan clorpirifós, una sustancia con efectos negativos comprobados para la salud. El fallo también estableció que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) diseñara una transición efectiva para evitar impactos graves durante su desmonte
En la decisión judicial se concluye que, a pesar de los avances parciales y la “disposición” mostrada por el Ministerio de Salud para coordinar con el ICA, no se demostró un “acompañamiento efectivo y continuo para impulsar al ICA a garantizar el cumplimiento integral de las órdenes de la sentencia”. Por esta razón, el juez determinó que las acciones realizadas hasta el momento no han sido suficientes ni adecuadas.
“Sancionar al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, en su calidad de ministro de Salud y Protección Social, con arresto durante tres (3) días, y multa equivalente a tres (3) salarios mínimos, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión”, señala la providencia judicial.
El fallo también advierte que la sanción impuesta no exime al Ministerio de Salud de cumplir con lo dispuesto en la Sentencia T-343 de 2022. En consecuencia, el Juzgado Tercero Penal del Circuito remitió copias a la Fiscalía General de la Nación para que determine si el ministro incurrió en algún delito al no acatar el fallo de tutela.
Cabe recordar que, como parte de sus obligaciones, el Ministerio de Salud debía acompañar al ICA en el proceso de suspensión de la comercialización del clorpirifós. Sin embargo, según el juzgado, la entidad no acreditó una labor efectiva que garantizara el cumplimiento integral de las órdenes judiciales.
La sentencia pone en evidencia las fallas en la coordinación interinstitucional y la falta de acción oportuna por parte de la cartera de Salud frente a la problemática derivada del uso de clorpirifós. Aunque el Ministerio ha trabajado en medidas de prevención y control de intoxicaciones, estas acciones no han logrado satisfacer lo exigido por la Corte Constitucional.
Hasta el momento, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no ha emitido pronunciamiento público sobre la decisión judicial ni sobre los pasos que seguirá para cumplir el fallo.