La política del Tolima se movió esta semana, no porque estemos a las puertas de unas elecciones al Congreso, sino porque la Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia con una inhabilidad de doce años para ejercer cargos públicos al exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, por una presunta participación en política ocurrida en el año 2023.
Según la decisión del Ministerio Público, la conducta sancionada estaría relacionada con actuaciones en favor de quien hoy es la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, en el marco del proceso electoral local. Esa presunta participación política es el fundamento central de una sanción que, por su duración y severidad, ha generado un amplio debate en el escenario político y jurídico del departamento.
Este fallo se da en un contexto que no puede analizarse de manera aislada. La Procuraduría ya había investigado a Hurtado por hechos distintos, relacionados con presunta participación en política en años anteriores, decisiones que incluyeron medidas temporales que luego fueron levantadas. Sin embargo, esta nueva sanción corresponde a un hecho diferente, ocurrido en 2023, y culmina con una de las inhabilidades más extensas impuestas recientemente a un exmandatario local por este tipo de faltas.
Doce años de inhabilidad por participación en política obligan a una reflexión profunda sobre el principio de proporcionalidad que debe regir el control disciplinario. La ley es clara en prohibir que los servidores públicos intervengan en procesos electorales, pero también exige que las sanciones sean coherentes con la gravedad, el impacto real de la conducta y los antecedentes comparables dentro del mismo sistema disciplinario.
No escribo esta columna para defender al señor Hurtado. Su trayectoria pública, marcada por controversias y un estilo personal que genera profundas divisiones, no lo convierten en un referente de la política que muchos ciudadanos esperan. Sin embargo, cuestionar la proporcionalidad de una sanción no equivale a justificar al sancionado, sino a exigir reglas claras y equitativas para todos.
Lo verdaderamente preocupante de este caso es el mensaje que envía la Procuraduría. Resulta difícil entender cómo ciertas conductas de participación política reciben sanciones tan severas, mientras que otros funcionarios en el país —alcaldes, exgobernadores y altos cargos— investigados por presuntos hechos de corrupción que comprometen miles de millones de pesos enfrentan consecuencias menores o, en algunos casos, ninguna. Muchos de ellos continúan influyendo en la vida política, eligiendo y promoviendo mandatarios como si nada hubiese ocurrido.
El contraste es inevitable. Basta recordar el caso del carrusel de la contratación en Bogotá, donde los Nule, responsables de uno de los mayores escándalos de corrupción del país, fueron inhabilitados por diez años. O mirar más cerca, en el Tolima, donde proyectos fallidos como las Torres de San Emilio en Ataco, las unidades sanitarias inconclusas, o los problemas persistentes en hospitales de municipios como Rioblanco y Chaparral, siguen sin respuestas contundentes de los órganos de control, pese a la evidente mala planeación y deficiente ejecución de los recursos públicos.
La discusión no gira alrededor de Andrés Hurtado ni de su futuro político. Ese es un asunto personal que deberá resolverse en los estrados, con argumentos jurídicos. El verdadero debate es institucional y mucho más profundo: una Procuraduría que sanciona con dureza extrema ciertas conductas, mientras actúa con tibieza frente a hechos que afectan gravemente el erario, pone en riesgo su autoridad moral y la confianza ciudadana.
Cuando la sanción deja de ser proporcional y se vuelve selectiva, el control disciplinario se transforma en un mensaje político y no en una garantía de legalidad. Y en ese punto, no es el funcionario sancionado quien queda en entredicho, sino la institución llamada a velar por el equilibrio, la justicia y la credibilidad del Estado.
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