La juez laboral novena del Circuito de Barranquilla, Amalia Rondón Bohórquez, suspendió temporalmente la aplicación del concurso de méritos para ocupar 4.000 cargos en la Fiscalía General de la Nación. La decisión fue tomada luego de que un abogado, Nelson Antonio Uribe Martínez, presentara una tutela exigiendo que se reconociera su experiencia profesional, lo que lo excluiría temporalmente de la lista de elegibles.
El caso cobró relevancia por la aparente falta de imparcialidad: Rondón Bohórquez, además de suspender la prueba, estaba inscrita también como aspirante al mismo proceso, aunque la Universidad Libre —entidad encargada del concurso— no la incluyó en el listado final de participantes por inconsistencias en sus documentos.
Fiscalía ya radicó una queja disciplinaria ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en Barranquilla para investigar si era impedimento o si más bien hubo un conflicto de interés, y señaló que si la medida se mantiene deberán suspender la prueba, lo que pondría en riesgo el proceso valorado en hasta 7.000 millones de pesos.
