La comunidad educativa del colegio Marco Fidel Suárez, en el municipio de Herveo, vive una crisis sin precedentes. La institución, que cuenta con 11 sedes y cerca de 500 estudiantes, enfrenta problemas estructurales que han generado protestas, cierres de vías y un paro estudiantil que dejó a los alumnos sin clases por casi tres semanas.
Entre las denuncias, padres y alumnos señalan un alto índice de deserción escolar, una grave deficiencia en la alimentación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) —donde en ocasiones el “almuerzo” es apenas un pan con pollo procesado— y la ausencia de tres docentes clave: Matemáticas, Ciencias Sociales y Tecnología. Según los estudiantes, estas vacantes permanecen sin ser cubiertas desde el año pasado, y las clases han sido asumidas por profesores sin la formación requerida para las materias.
El malestar creció cuando se conoció que el rector no informó oportunamente a la Secretaría de Educación sobre la ausencia prolongada de docentes, incluso en casos de incapacidad médica. Además, denuncian que un profesor de tecnología fue trasladado tras denunciar acoso laboral y proponer un convenio con el SENA para que los estudiantes obtuvieran un título técnico al graduarse, proyecto que nunca se concretó.
La comunidad también cuestiona el reciente nombramiento de una coordinadora cuya idoneidad no ha sido verificada y cuya incorporación, según afirman, responde a intereses políticos. Esto, pese a que la institución no cumple con el número de estudiantes que justificaría un segundo cargo de coordinación, según la normatividad vigente.
En paralelo, padres de familia denuncian irregularidades en la contratación de una obra para la construcción del comedor escolar, la cual no habría sido publicada en el SECOP II, como lo exige la ley, y que tampoco ha sido socializada con la comunidad.
La tensión se incrementa por el manejo de computadores entregados por el Ministerio de Educación a través del programa Computadores para Educar en abril de este año. Estos equipos, según una tutela interpuesta por la Fundación Leipoar en nombre de los estudiantes, permanecen guardados bajo la justificación de que deben ser entregados en un acto con la alcaldesa, lo que la comunidad considera un intento de capitalizar políticamente una entrega de carácter nacional.
Los estudiantes advierten que, si no se cumplen los compromisos adquiridos por la Gobernación y la Secretaría de Educación, retomarán el paro. Piden la intervención urgente del Ministerio de Educación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para garantizar el derecho a una educación digna y de calidad.
Mientras tanto, la preocupación crece entre padres y docentes solidarios, quienes temen represalias por denunciar lo que califican como un “régimen de miedo” en la institución. “No es justo que, por ser un colegio de zona rural, nuestros hijos no tengan las mismas oportunidades ni las herramientas para competir en la vida”, expresó uno de los acudientes.
La situación del Marco Fidel Suárez es, para la comunidad, un llamado urgente a que las autoridades actúen antes de que la crisis educativa siga profundizándose.
