Un nuevo pulso de alto voltaje se desató entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y las regiones. Tras una reunión en la Federación Nacional de Departamentos (FND), 17 gobernadores decidieron no implementar el decreto de emergencia económica expedido por la Casa de Nariño para enfrentar la crisis financiera del país.
La medida, que ya enfrenta demandas ante la Corte Constitucional y quedó en manos del magistrado Carlos Camargo, fue calificada por los mandatarios regionales como un golpe directo a las finanzas departamentales. En ese encuentro, los gobernadores acordaron de manera unánime frenar la aplicación del decreto en sus territorios, especialmente en lo relacionado con los ingresos por tabacos y licores.
Además del desacato administrativo, los gobernadores anunciaron una ofensiva jurídica. Entre las acciones contempladas están una intervención conjunta ante la Corte Constitucional para exponer el impacto fiscal de la norma y la presentación de tutelas individuales por parte de cada mandatario.
La Federación Nacional de Departamentos respaldará esta postura con la elaboración de un documento jurídico que sustente la no aplicación del decreto en las regiones. Según la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, la emergencia económica pone en riesgo recursos clave para sectores sensibles como salud, educación y deporte.
“La emergencia económica afecta directamente los principales ingresos de los departamentos. El cigarrillo, por efecto del contrabando —que en muchos casos proviene de grupos ilegales—, está redistribuyendo las rentas y eso hace que ni siquiera tengamos recursos para pagar a la ADRES en el régimen subsidiado”, advirtió Toro.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior ya respondió a la decisión de los gobernadores, anticipando un nuevo capítulo de confrontación política y legal. El choque deja en evidencia la creciente fractura entre el Ejecutivo y las regiones, y abre un escenario de incertidumbre sobre el futuro del decreto y la estabilidad fiscal de los departamentos.
