En el marco del segundo debate de una ordenanza de carácter presupuestal en la Asamblea del Tolima, el diputado Andrés Tocora anunció su voto negativo al proyecto presentado por el Gobierno departamental, argumentando falta de planeación, uso reiterado de recursos del FOMPET y entrega extemporánea de información clave para la toma de decisiones.
El proyecto en discusión busca la aprobación de recursos provenientes de un contracrédito, la creación de nuevos rubros, la reincorporación de dineros por mayor recaudo en el departamento y la reorientación de algunos fondos, entre ellos recursos del Fondo de Pensiones del Tolima (FOMPET), además de traslados presupuestales derivados de una mayor eficiencia en el manejo financiero.
Según explicó Tocora, su principal preocupación radica en que el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), cuya naturaleza es garantizar el pago de pensiones del departamento, se ha convertido de manera recurrente en una fuente para cubrir otras necesidades presupuestales. A su juicio, esta práctica evidencia una falta de planeación estructural por parte del Ejecutivo departamental.
El diputado reconoció que el Tolima ha registrado un mayor recaudo tributario, fenómeno que atribuyó a la mejora en indicadores económicos como el aumento del salario mínimo, la reducción del desempleo —especialmente en Ibagué— y una mayor capacidad adquisitiva de la población. No obstante, cuestionó que el Gobierno departamental no haya explicado con claridad las razones estructurales de este incremento ni su impacto real en las finanzas públicas.
Durante el debate, Tocora señaló que, tras sus cuestionamientos, se confirmó oficialmente que los recursos del FOMPEDT no están en riesgo, pues las pensiones están garantizadas hasta el año 2029, e incluso hasta 2044, gracias a una modificación realizada por el Gobierno nacional. Aunque calificó esta información como positiva, manifestó su inconformidad porque las respuestas solicitadas llegaron después de iniciado el debate final, específicamente a las 10:31 a. m., cuando la plenaria estaba citada desde las 9:45 a. m.
“Uno no puede votar a ojos cerrados una ordenanza de esta magnitud”, afirmó el diputado, quien insistió en que la información presupuestal debe entregarse con antelación suficiente para ser analizada y contrastada. También señaló contradicciones previas del Gobierno departamental en otros proyectos, lo que, a su juicio, debilita la confianza en los conceptos fiscales presentados.
Ante esta situación, Tocora anunció que solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación, con el fin de sentar un precedente y evitar que la entrega tardía de información se convierta en una práctica recurrente. “Hoy es la última ordenanza de 2025, mañana puede repetirse si no se corrige”, advirtió.
Finalmente, el diputado reiteró que su postura no desconoce la buena fe del Gobierno departamental, pero insistió en que la responsabilidad con los recursos públicos exige mayor planeación, proyección y transparencia, especialmente en decisiones presupuestales que impactan directamente al departamento y a la ciudadanía.
