La Plaza 21, reconocida por su vibrante oferta gastronómica, enfrenta una crisis sin precedentes. Los pequeños comerciantes, especialmente aquellos dedicados a la venta de almuerzos, han sido golpeados por un incremento desmesurado en las tarifas del gas natural, con facturas que superan los 2 millones de pesos mensuales. Este aumento, que en algunos casos excede el 50%, se suma a las dificultades económicas arrastradas desde la pandemia, poniendo en riesgo la subsistencia de estos negocios y el sustento de cientos de familias.
El gerente general de Alcanos informó recientemente que, a partir de febrero de 2025, las tarifas del gas natural en Ibagué aumentarán un 32% para los estratos 1 y 2. Aunque aún no se han definido los porcentajes exactos para los estratos superiores y los sectores comerciales e industriales, se anticipan incrementos significativos. Este ajuste tarifario ha generado una ola de preocupación entre los comerciantes de la Plaza 21, quienes ya enfrentaban márgenes de ganancia reducidos debido a la inflación y la disminución del poder adquisitivo de sus clientes.
La Cámara de Comercio de Ibagué ha expresado su inquietud ante esta situación, destacando la falta de claridad en las posturas del Gobierno nacional y la empresa Vanti respecto al alza del gas en Colombia. Esta incertidumbre complica la planificación financiera de los pequeños empresarios, quienes se sienten desamparados ante decisiones que afectan directamente su operatividad.
Además, el Ministerio de Minas y Energía ha solicitado una investigación contra Vanti, la principal distribuidora de gas natural del país, debido al aumento del 36% en las tarifas de gas natural. Esta solicitud se ha presentado ante las superintendencias de Servicios Públicos y de Industria y Comercio para proteger a los usuarios.
Ante este panorama, los comerciantes de la Plaza 21 hacen un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para que se implementen medidas que mitiguen el impacto de estos aumentos. Sin una intervención oportuna, muchos de estos pequeños negocios se verán obligados a cerrar sus puertas, lo que no solo afectará la economía local, sino también la diversidad cultural y gastronómica que caracteriza a Ibagué.
La comunidad espera respuestas concretas y acciones inmediatas que permitan equilibrar la necesidad de ajustes tarifarios con la realidad económica de los pequeños comerciantes, garantizando así la continuidad de sus actividades y la preservación del tejido empresarial de la ciudad.
