El Estado Español ha culminado el mayor proceso de regularización extraordinaria de su historia reciente desbordando por completo las previsiones del Ejecutivo. Al cierre definitivo del plazo, el pasado 30 de junio, un total de 1.174.978 inmigrantes en situación irregular han solicitado su permiso de residencia y trabajo, una cifra que duplica el medio millón de beneficiarios estimado inicialmente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El proceso, que arrancó a mediados de abril amparado en un Real Decreto, encara ahora su fase de revisión de expedientes bajo una intensa batalla política y judicial en contra, por parte de los partidos políticos PP (Partido Popular) y VOX (Extrema Derecha Española) además de los partidos nacionalistas como Junts por Catalunya y Aliança catalana.
Lo importante del ejercicio, es un impacto económico real e inmediato: 159.097 nuevos trabajadores ya cotizan formalmente en el sistema productivo, y España logra ya el 2.5 de cotizantes por jubilado, base de su sistema pensional de reparto simple.
La realidad de las calles españolas.
Desde el 2015, año en el que entró en vigor el acuerdo de exención de visado para estancias cortas de hasta 90 días para cierto grupo de nacionalidades de países americanos, la realidad de las calles en España ha sido otra. El abuso laboral, el pago “en B”, es decir el pago por servicios prestados sin declarar, se convirtieron y llegaron a ser hasta 12 horas de trabajo y pagos que rondan los 20 euros al día. Esto ha dado a lugar a que muchos autónomos, o empresas de tipo” SL” (Sociedades Limitadas), llegarán a creer que estaban viviendo el “paraíso del dinero negro”.
Muchos casos donde supuestamente según estos autónomos o emprendedores decían: “Hay que probar a la gente”; se convirtieron en lo que ha venido socavando las bases del derecho laboral, un abuso continuado en contra de trabajadores, falsas sociedades y un ataque directo a los derechos de los trabajadores migrantes, a la convivencia y al respeto.
Pero lo más irónico es que gran parte de estos “autónomos emprendedores” que se creían que vivían en este “paraíso del dinero negro”. son de origen migrante, es decir, explotan a su propia gente.
El colectivo colombiano, uno de los que más crece.
Los datos del colectivo colombiano en España indican una serie de realidades estructurales como colectivo migrante en España.
Como población total de origen, ya se acercará a las 1.030.000 personas. Esta cifra global incluye tanto a ciudadanos con pasaporte colombiano como a nacionalizados españoles e hijos nacidos en España.
De este grupo, los ciudadanos con únicamente nacionalidad colombiana son alrededor de 676.534, es decir, personas que conservan exclusivamente su nacionalidad de origen, lo que los convierte en la segunda comunidad extranjera más grande de España tras la marroquí.
El ritmo de llegada demostró que solo durante el primer trimestre del año 2026, el INE (Instituto Nacional de Estadística) registró la entrada de 38.600 nuevos colombianos al territorio español.
Distribución geográfica y perfil socioeconómico
Dentro del territorio las principales comunidades autónomas que llevan el grueso de la población colombiana se concentran principalmente en la Comunidad de Madrid, en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Canarias, en este orden.
La Tasa de desempleo como colectivo se sitúa en torno al 16%, una cifra ligeramente superior a la media de otros colectivos latinoamericanos. El nivel académico de la población colombiana en España indica que el 23% de los inmigrantes en el territorio cuenta con estudios de educación superior o títulos universitarios, lo que indica un esfuerzo de las familias por potenciar la educación en su entorno mas próximo.
De acuerdo a las ultimas normativas aplicables en la Comunidad Económica Europea, no se presentará nuevamente un proceso de regularización masiva en el corto o mediano plazo.
El Reglamento de Retornos de la Unión Europea, aprobado definitivamente por el Parlamento Europeo que se aprobó el 17 de junio de 2026, supone el endurecimiento de la política migratoria y de la ejecución de expulsiones más drástico en décadas dentro del bloque. Esta normativa complementa y acelera la aplicación práctica del Pacto se Migración y Asilo que entro en vigor el mes pasado.
