Cuando el populismo agota sus excusas y quiebra las finanzas del Estado, siempre busca un culpable y un nuevo botín. Acorralado por el estancamiento económico que él mismo provocó, el gobierno de Gustavo Petro ha enfilado baterías contra la institución que más ha protegido el bolsillo de los colombianos durante las últimas tres décadas: el Banco de la República.
La estrategia de la Casa de Nariño es tan predecible como peligrosa. A través de trinos y discursos de balcón, el Presidente pretende obligar a la Junta Directiva del Emisor a reducir artificialmente las tasas de interés, culpándolos de la nula reactivación económica del país. Pero los colombianos no somos ingenuos. La economía no está frenada por el Banco de la República; está paralizada porque nadie invierte en un país donde el mandatario expropia la confianza, ataca a los empresarios, destruye el sistema de salud y espanta los capitales.
El Banco de la República ha mantenido las tasas altas por una razón matemática y responsable: controlar el monstruo de la inflación, que llegó a bordear el 13% en 2023 y aún hoy golpea el poder adquisitivo de los hogares. Sin disciplina monetaria, esa cifra podría desbordarse. Y es aquí donde radica el verdadero peligro. Lo que la izquierda radical anhela en el fondo no es solo bajar las tasas, sino someter al Banco para encender la “maquinita” de imprimir billetes y financiar su derroche burocrático preelectoral.
Pero como todo proyecto populista, cuando la realidad pasa factura, aparece el libreto de la evasión de responsabilidades. Ahora el Presidente intenta reescribir la historia y trasladar la culpa de la crisis económica que se avecina a su propio exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Resulta insólito que quien lideró la política económica durante el arranque del gobierno sea hoy señalado como responsable del descalabro. Petro pretende convencernos de que el problema no es su discurso hostil contra el sector productivo ni la incertidumbre que ha sembrado, sino las decisiones de quien, paradójicamente, fue su principal escudero técnico.
La narrativa es peligrosa: primero se dinamita la confianza inversionista y luego se busca un chivo expiatorio para ocultar las consecuencias. Sin embargo, los indicadores son tercos. Colombia pasó de crecer por encima del 7% en 2022 a una economía prácticamente estancada, con cifras cercanas al 1% en 2023 y señales de desaceleración persistente. La inversión extranjera ha mostrado caídas en sectores clave y el consumo de los hogares se ha debilitado. No es el Banco de la República, ni tampoco un exministro, el responsable de este frenazo: es la incertidumbre política elevada a política de Estado.
Gobernar emitiendo dinero sin respaldo tiene un nombre: inflación. Y la inflación es el impuesto más cruel y regresivo, porque se cobra en la mesa de los más pobres. Cuando un presidente logra someter al banco central, ocurre lo que presenciamos en Argentina con el kirchnerismo o en la Venezuela chavista: el dinero pierde todo su valor y el salario de un trabajador termina convertido en papel inservible.
A Petro se le acabó la gasolina fiscal de la reforma tributaria, se le agotó el discurso de la “herencia recibida” y ahora pretende responsabilizar a terceros mientras pone sus ojos en la alcancía del Banco de la República. Es el manual clásico del populismo: destruir, culpar y luego apropiarse de las instituciones.
Defender la independencia del Banco de la República es defender la comida de nuestros hijos. Colombia no puede permitir que la política económica se convierta en un experimento ideológico ni que la irresponsabilidad se disfrace de discurso social. Porque cuando un gobierno empieza a culpar a todos menos a sí mismo, es porque ya perdió el control. Y cuando pretende convertir al banco central en su cajero automático, lo que realmente está haciendo es hipotecar el futuro de todo un país.
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