Una nueva controversia jurídica y política se abrió en el país tras la radicación de una demanda contra el Decreto 234 de 2026, expedido por el Ministerio del Trabajo, que reglamenta aspectos de la negociación colectiva en el sector laboral.
La acción fue presentada por la senadora Paloma Valencia ante la jurisdicción correspondiente, solicitando la suspensión provisional y la nulidad del decreto, al considerar que excede las competencias del Gobierno y vulnera principios constitucionales.
Según el documento, se pide “la suspensión provisional del Decreto 234 del 6 de marzo de 2026” y posteriormente “que se declare la nulidad” de la norma, que modifica disposiciones del Decreto 1072 de 2015 relacionadas con la negociación colectiva por niveles.
La congresista cuestionó el alcance del decreto y aseguró que “el Gobierno no puede crear negociaciones sindicales obligatorias por sectores para todas las empresas, sin importar su situación financiera. Esto es una sentencia de muerte para las mipymes”.
Asimismo, advirtió sobre posibles excesos en las obligaciones impuestas a las compañías: “tampoco puede obligar a las empresas a entregar toda su información financiera, incluidos secretos empresariales, ni imponer una especie de pago obligatorio a favor de sindicatos, incluso a trabajadores no afiliados”.
En su pronunciamiento, Valencia fue más allá y calificó la medida como ilegal: “esto es abiertamente ilegal. Quieren crear una extorsión permanente durante elecciones”.
La senadora también criticó al presidente Gustavo Petro por, según ella, insistir en medidas que no prosperaron en el Congreso: “a pesar de que el Congreso negó estas normas en la reforma laboral, el Gobierno insiste en legislar por decreto y pasar por encima de la Constitución”.
El debate no se limitó al frente laboral. La dirigente política también lanzó cuestionamientos sobre la implementación de la reforma pensional, señalando que “se pretende obligar a los fondos de pensiones a entregar $25 billones en menos de 15 días, pese a advertencias del Banco de la República”.
En ese sentido, indicó que solicitó a la Corte Constitucional claridad frente al auto que suspendió la entrada en vigencia de dicha reforma, para determinar si los recursos deben ser trasladados o no.
“Quieren apoderarse del ahorro de los trabajadores a toda costa, pero defenderemos hasta el final el dinero de las pensiones de los colombianos”, afirmó.
Por ahora, serán las altas cortes las que definan el futuro del decreto y de las medidas cuestionadas, en medio de un ambiente político cada vez más tenso de cara a las próximas decisiones en materia laboral y económica.
