El denunciante, Eduardo Naranjo Niño, asegura que personas dentro de la entidad han exigido pagos — bajo la amenaza de abrir procesos fiscales— a funcionarios públicos de la Alcaldía de Ibagué. En la denuncia se señalan nombres concretos:
- Lady Tatiana García Mendoza, jefe de Oficina Asesora de Planeación y Participación Ciudadana de la Contraloría.
- Edna Margarita Murcia Mejía, contralora municipal.
- Antonio Fajardo Rico, esposo de la contralora.
- Fernando Castro, jefe jurídico de la Contraloría.
Según el texto de la denuncia, esta red habría funcionado con métodos de extorsión, chantaje político y persecución administrativa. Se indica que la oficina jurídica de la Contraloría y la de planeación habrían sido utilizadas como mecanismos de presión para exigir sumas de dinero a cambio de no abrir procesos en contra de ciertos funcionarios.
También se alega que uno de los exigidos recibió una demanda de mil millones de pesos para respaldar una campaña política, bajo la promesa de no ser objeto de procesos fiscales dentro del ente de control.
La denuncia solicita que se inicien investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. Además, se pide la suspensión preventiva de los funcionarios señalados y auditorías especiales a las vigencias 2023-2025 en las oficinas de la Contraloría involucradas.
Los medios locales ya han informado que la Fundación CambioIn hizo pública la denuncia el 25 de septiembre de 2025, incluyendo el documento completo.
