Según el documento radicado, la defensa sostiene que la jueza Sandra Heredia, encargada de tomar la decisión, vulneró derechos fundamentales del exmandatario durante el proceso judicial, entre ellos el debido proceso, la presunción de inocencia y la dignidad humana.
Los juristas argumentan que la actuación de la jueza careció de imparcialidad y objetividad, y piden que se revise la legalidad de la medida restrictiva. El Tribunal deberá analizar si existen méritos suficientes para dar curso a la tutela y revisar la actuación judicial cuestionada.
La decisión sobre esta acción podría influir directamente en el desarrollo del proceso que enfrenta Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
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