Lo que ocurrió con la magistrada Cristina Lombana es mucho más que un exabrupto verbal: es un retrato del talante de un Gobierno que, cuando la justicia toca sus puertas, responde con insultos, silencios cómplices y ataques institucionales. El ministro del Interior, Armando Benedetti, enfrentado a una diligencia judicial legítima, escogió descalificar a una magistrada de la Corte Suprema llamándola loca, demente y delincuente. Y mientras él arremetía, Petro callaba.
Ese silencio no es neutral: es aval.La investigación que hoy inquieta a Benedetti no nació ayer. Se remonta a 2017, cuando era congresista y fue denunciado por presuntos actos de corrupción. Entre los puntos centrales del expediente está el proyecto de ley que él mismo impulsó en 2010 y que terminó convertido en ley en 2012 para imponer nuevos certificados a los celadores. Esa norma beneficiaba directamente a Simetric S. A., empresa del entramado de Euclides Torres, hoy uno de los mega contratistas predilectos del gobierno Petro. Torres ha sido aliado político y financiador de Benedetti, relación que hoy vuelve a ser escrutada por la Corte Suprema.
Por esa misma línea investigativa, la magistrada Lombana ordenó la diligencia en la vivienda donde reside la familia Benedetti, una mansión obtenida mediante un negocio con el empresario Ricardo Leyva. La Fiscalía ya abrió una indagación preliminar para establecer si allí hubo un “trueque” irregular de bienes. En vez de facilitar la labor judicial, el ministro optó por atacarla, como si la autoridad estuviera obligada a agachar la cabeza ante su investidura.
La Corte Suprema respondió con firmeza, advirtiendo que el irrespeto del ministro hacia la magistrada es inaceptable y que un ataque del Ejecutivo a una decisión judicial vulnera la separación de poderes. A esa condena se sumó la Defensoría del Pueblo, dirigida por Iris Marín, respaldando al presidente de la Corte, Octavio Tejeiro Duque, y recordando que la justicia se respeta. Cuando hasta los órganos de control deben explicarle a un ministro lo básico, es porque la institucionalidad está bajo presión.
Y hay un elemento que no puede pasar de largo: la misoginia. Los insultos dirigidos a la magistrada Lombana no fueron políticos, fueron ataques de género. Un patrón conocido en Benedetti y tristemente tolerado en el círculo del poder actual. En un país donde más de siete millones de mujeres han sido víctimas de violencia simbólica o psicológica, según cifras oficiales, que un ministro reproduzca ese machismo desde el corazón del Estado es alarmante.
Este episodio desnuda un Gobierno incómodo con la independencia judicial y tentado por la idea de reescribir las reglas para acomodarlas a sus intereses. por eso su afán por una constituyente.
La agresión contra la magistrada no es una anécdota: es una advertencia. Si desde el poder seinsulta a la justicia para deslegitimarla, lo que está en juego no es el ego de un ministro, sino la democracia misma. Porque cuando un Gobierno tolera que su funcionario más político ataque a una jueza, el país debe preguntarse quién será el siguiente en ser humillado. Porque cuando el poderpierde el pudor, la democracia pierde su escudo.
