Un informe de la Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en la ejecución del contrato para mejorar la vía Chaparral–San Antonio. El ente de control determinó un detrimento patrimonial estimado en $13.442 millones, producto de sobrecostos, materiales de baja calidad y, sobre todo, pagos por obras que nunca se realizaron.
El proyecto fue adjudicado inicialmente en octubre de 2018 por un valor de $22.431 millones, con el objetivo de mejorar seis kilómetros del corredor vial entre Cruce Maito y El Pando. Sin embargo, solo se ejecutaron alrededor de 2.039 metros, mientras se pagaron montos por trabajos no comprobados.
La Contraloría detectó además que:
- Se pagaron $4.545 millones por una cantidad de base granular que, según el informe, no se utilizó en la obra.
- Se desembolsaron $621 millones por cunetas que no llegaron a construirse.
- Se registraron fallas constructivas en tramos construidos, incluyendo deficiencias en drenajes, compactación, espesor del pavimento, presencia de grietas y hundimientos, por un valor aproximado de $2.724 millones y otros $2.022 millones por deterioro prematuro.
- Recursos destinados a señalización vial ($80 millones) y la gestión ambiental ($200 millones) tampoco fueron debidamente acreditados en su totalidad.
- Se omitió la aplicación de mezcla final de pavimento en más de 2.000 metro y otros 347 metros lineales, lo que representa un valor no ejecutado de $1.602 millones.
Estas irregularidades se habrían consolidado bajo las administraciones de los exgobernadores Óscar Barreto Quiroga y Ricardo Orozco Valero, sin una vigilancia efectiva por parte de la Gobernación del Tolima. El contratista responsable del proyecto fue el Consorcio Infraestructura Vial 2019, liderado por el ingeniero Juan Carlos Ramírez.
