La vereda de Chucuní, en la zona rural de Ibagué, se ha convertido en el centro de una creciente controversia debido a la posible aprobación de un proyecto minero en su territorio. La comunidad, preocupada por los efectos ambientales y sociales que podría traer la explotación de materiales de construcción, llevó su denuncia al Concejo Municipal, donde encontró el respaldo de varios concejales.
El caso salió a la luz tras la revelación de la existencia de un trámite ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) para la obtención de una licencia ambiental. Este trámite avanzaba sin conocimiento ni consulta previa con los habitantes de la zona, generando gran indignación entre los pobladores.
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Concejales como Sandra Varón manifestaron su rotunda oposición al proyecto, alertando sobre los posibles impactos que la minería tendría sobre la flora, la fauna y la calidad de vida de la vereda. Varón denunció que el proceso se estaba gestionando a espaldas de los afectados, quienes ni siquiera sabían que sus tierras estaban siendo consideradas para actividades extractivas. «Como lo escucharon ustedes acá, los dueños del predio ni siquiera estaban informados de lo que otras personas estaban haciendo», afirmó.
Además, Varón criticó la falta de acción por parte de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, señalando que esta dependencia ha mostrado una preocupante indiferencia ante la situación.
Por otro lado, Arturo Castillo, presidente del Concejo de Ibagué, hizo un fuerte llamado a Cortolima para que cumpla con sus responsabilidades en la supervisión de la explotación minera, lamentando su ausencia en la sesión del cabildo. «El que más tiene competencia no está poniendo la cara», señaló, invitando a la comunidad a realizar un plantón frente a las oficinas de la corporación.
Por su parte, el concejal Zambrano abogó por la defensa de los derechos de los habitantes de Chucuní, impulsando una acción popular y movilización comunitaria para detener el proyecto. La comunidad de Chucuní ha dejado claro que no permitirá actividades mineras que afecten su entorno sin su consentimiento ni una adecuada socialización.
