La controversia escaló este jueves 5 de noviembre, cuando se conocieron nuevas actuaciones judiciales y disciplinarias, además de una denuncia radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El caso pone bajo la lupa las posibles irregularidades en la contratación pública y el eventual uso de influencias políticas para obtener beneficios personales.
Jiménez sostiene que conoció a Petro en 2019, cuando él todavía era senador, y que posteriormente habría recibido contratos con distintas entidades estatales. En declaraciones entregadas a la revista SEMANA, aseguró que los vínculos contractuales habrían estado relacionados con encuentros íntimos y que existirían otras mujeres que habrían atravesado situaciones similares. También mencionó supuestas vinculaciones en el Congreso, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
La mujer afirma que no se trataría de un caso aislado y habla de una presunta red de entre 30 y 40 mujeres. Sin embargo, estas afirmaciones todavía deben ser verificadas por las autoridades y no existe una decisión judicial que establezca la existencia de esa supuesta estructura.
El video divulgado por Jiménez tiene una duración aproximada de 54 segundos y muestra a quien sería Gustavo Petro en una situación privada junto a ella. La denunciante lo presentó como un elemento para respaldar su versión sobre la relación que habría sostenido con el exmandatario. No obstante, la grabación no muestra contratos, pagos ni acuerdos relacionados con decisiones del Gobierno. Su fecha, origen, integridad y contexto tampoco habían sido verificados mediante un análisis pericial al momento de conocerse las nuevas actuaciones.
Tras la difusión del material, Petro rechazó los señalamientos y negó haber utilizado su posición o recursos del Estado para obtener beneficios personales. En un mensaje publicado en su cuenta de X aseguró: “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie”. También sostuvo que las mujeres que trabajaron durante su administración llegaron por sus capacidades y esfuerzos.
El expresidente cuestionó que el video se hubiera divulgado públicamente antes de ser valorado por las autoridades y afirmó que no se conocen con certeza su procedencia ni las circunstancias en las que fue grabado. Además, anunció que enfrentará las acusaciones ante los jueces y cuestionó el uso de imágenes de carácter íntimo en medio de la controversia política.
Mientras las versiones enfrentadas siguen en discusión, las autoridades avanzan en diferentes frentes. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial en la Secretaría General del Senado para recopilar información sobre los contratos que habría tenido Jiménez en el Congreso, las condiciones de esas vinculaciones y los funcionarios relacionados con ellas.
Por su parte, la Fiscalía adelanta una investigación por posibles irregularidades en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y otras entidades públicas. La entidad abrió una noticia criminal el pasado 23 de octubre y busca establecer si existieron contrataciones irregulares durante la administración anterior. También está pendiente la declaración de Jiménez, cuya comparecencia había quedado aplazada tras la renuncia de su anterior abogado por motivos de seguridad.
A estas actuaciones se sumó una inspección forense al teléfono celular de la denunciante, con el propósito de revisar información que podría estar relacionada con sus señalamientos. La defensa de Jiménez anunció que pondrá a disposición de las autoridades el material que considera relevante para la investigación.
En el ámbito disciplinario, la Procuraduría abrió una indagación previa para identificar posibles responsabilidades de funcionarios del Congreso, el Dapre, el Ministerio del Interior y otras entidades. Como parte de las diligencias, citó a Deicy Jiménez para que entregue su versión el próximo lunes 9 de noviembre. También convocó para el martes 10 de noviembre a Tito Lorenzo Lobo, quien habría supervisado uno de los contratos de la mujer en el Senado.
El caso también llegó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La senadora Sara Castellanos y la representante Carol Borda radicaron el 5 de noviembre una denuncia contra Petro para que se investigue si habría utilizado su influencia institucional para favorecer contrataciones estatales a cambio de beneficios personales. En el documento se mencionan diez contratos atribuidos a Jiménez, por un valor cercano a los 133,5 millones de pesos, entre 2021 y 2026.
Las congresistas solicitaron examinar posibles conductas como tráfico de influencias, concusión y cohecho, entre otras. La denuncia deberá ser evaluada por la autoridad competente y no significa que los delitos mencionados estén demostrados.
Por ahora, el caso se mantiene en una etapa de recopilación y verificación de información. La justicia tendrá que determinar si existieron irregularidades en la contratación, quiénes pudieron intervenir y si hubo alguna relación entre las decisiones administrativas y los beneficios personales denunciados.
