Con el objetivo de despejar inquietudes y frenar versiones erróneas, la Gobernación del Tolima sostuvo un encuentro informativo con funcionarios y contratistas para socializar el estado actual del concurso de méritos que se desarrolla a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), proceso liderado exclusivamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).
Durante la jornada, la Administración Departamental rechazó de forma categórica los señalamientos que han circulado en distintos escenarios y reiteró que su actuación se ha ajustado estrictamente a las competencias que le asigna la ley, recordando que el concurso es un procedimiento legal y de carácter constitucional que no depende de decisiones discrecionales de la entidad territorial.
Desde la Secretaría Administrativa se explicó que la Gobernación ha cumplido con todos los requerimientos exigidos por la CNSC, entre ellos la gestión financiera del concurso, el suministro de la información de su planta de personal y la entrega de los manuales de funciones, insumos indispensables para que la Comisión estructure el proceso y defina las modalidades del concurso.
El director de Talento Humano, Mauricio Hernández, precisó que la Gobernación únicamente es responsable de la información correspondiente a los 419 funcionarios que integran su planta administrativa. En el caso de los servidores del sector educativo, aclaró que la competencia recae en la Secretaría de Educación, mientras que las decisiones sobre convocatorias, cronogramas y participación son atribución exclusiva de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
“Nosotros respondemos únicamente por la información que nos corresponde y la entregamos en los tiempos y condiciones que establece la CNSC. Ese es nuestro rol legal y es lo que hemos venido cumpliendo”, señaló Hernández.
Por su parte, la secretaria Administrativa, Yurany Prieto, subrayó la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación con los servidores públicos, reconociendo la incertidumbre que genera este tipo de procesos.
“Es un ejercicio legal y constitucional, pero entendemos las preocupaciones de los funcionarios. La idea es acompañar, escuchar y tramitar las dudas que se presenten”, afirmó.
