En el año 2009, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez recibió el prestigioso Premio Libertad Cortes de Cádiz, un reconocimiento otorgado por el Ayuntamiento de Cádiz, España, en el marco del bicentenario de la Constitución de 1812. Sin embargo, once años después, en septiembre de 2020, el consistorio español decidió retirar de manera simbólica este galardón, argumentando razones éticas y políticas relacionadas con el historial del exmandatario.
La decisión fue impulsada por una moción ciudadana respaldada por más de 100 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, entre ellas la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el Comité Óscar Romero, quienes cuestionaron que Uribe hubiese sido merecedor de un reconocimiento vinculado con los ideales de libertad y democracia.
En ese momento, Álvaro Uribe se encontraba bajo arresto domiciliario por orden de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en el marco de un proceso judicial por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Además, las organizaciones que promovieron la revocatoria del premio señalaron al expresidente por su supuesta vinculación con grupos armados ilegales, así como por su presunta responsabilidad en violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad.
Aunque la medida adoptada por el Ayuntamiento de Cádiz no tuvo efectos jurídicos sobre el reconocimiento —ya que su retirada fue simbólica—, el nombre de Uribe fue eliminado de los listados oficiales de galardonados, marcando un hecho sin precedentes en la historia del premio, que dejó de entregarse desde el año 2015.
Este episodio ha reavivado el debate sobre la figura del expresidente colombiano, cuyos procesos judiciales aún generan controversia y atención tanto a nivel nacional como internacional.
