El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso un proyecto de ley que busca reglamentar el sometimiento de estructuras armadas ilegales en el marco de su política de “paz total”. La propuesta contempla beneficios judiciales, como reducción de penas y suspensión de extradiciones, a cambio del desarme, confesión de delitos y reparación integral a las víctimas.
El Ejecutivo sostiene que se trata de una herramienta para desmantelar redes de violencia que afectan la seguridad territorial, especialmente en zonas rurales. El proyecto también exige a los integrantes de estos grupos revelar sus estructuras de mando, rutas de financiación y vínculos con economías ilícitas, bajo estrictos controles judiciales.
Críticas desde distintos sectores
A pesar de las intenciones del Gobierno, la propuesta ha generado fuertes reparos por parte de líderes políticos, exnegociadores de paz y la rama judicial. Uno de los puntos más polémicos es que los beneficios se conceden sin que exista una naturaleza política reconocida en las estructuras que se someterían, lo que, según críticos, puede equiparar organizaciones criminales comunes con actores del conflicto armado.
El expresidente Juan Manuel Santos, artífice del Acuerdo de Paz con las FARC, advirtió:
“No se puede comparar un proceso político con un tratamiento judicial para grupos sin causa ideológica. La legitimidad del Estado está en juego”.
La Corte Suprema de Justicia también emitió una observación: el proyecto podría “vulnerar principios de proporcionalidad y justicia” si se otorgan beneficios sin condiciones sólidas de verdad, reparación y garantías de no repetición.
Por su parte, Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador en La Habana, calificó el proyecto como un riesgo:
“La ley no puede convertirse en un camino fácil para organizaciones armadas sin voluntad real de sometimiento. La paz no debe ser excusa para la impunidad”.
¿Qué propone exactamente el proyecto?
- Reducción de penas para miembros que colaboren activamente con la justicia.
- Suspensión de extradiciones, condicionada a confesión de delitos y entrega de bienes.
- Obligatoriedad de reparar a las víctimas, tanto en lo material como simbólico.
- Supervisión judicial permanente, con pérdida automática de beneficios en caso de reincidencia.
Desde el Ejecutivo se insiste en que esta legislación es clave para avanzar en la paz territorial, enfrentando fenómenos como el narcotráfico, la minería ilegal y la violencia organizada. Sin embargo, sectores académicos y de derechos humanos insisten en que se requiere mayor debate público y rigor jurídico para evitar que esta ruta se convierta en una “amnistía encubierta”.
