El crimen, atribuido a disidencias de las FARC, ocurrió en abril de este año y los restos fueron hallados a mediados de junio tras labores de inteligencia y excavación forense.
Las víctimas fueron identificadas como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. Varios de ellos eran reconocidos líderes sociales y pastores religiosos, con arraigo y liderazgo en sus comunidades.
Durante el acto, que tuvo lugar en presencia de familiares y representantes de organizaciones humanitarias, las autoridades hicieron entrega de las certificaciones forenses que avalan la plena identificación de los cuerpos, así como un informe detallado del procedimiento técnico utilizado para la recuperación de los restos.
Violencia persistente y silencio armado
Este nuevo hallazgo refleja el recrudecimiento de la violencia en algunas zonas del país, donde la presencia de grupos armados ilegales sigue generando afectaciones graves a la población civil, particularmente a líderes comunitarios, religiosos y defensores de derechos humanos. La Fiscalía señaló que se avanza en las investigaciones para esclarecer plenamente los móviles y responsables de estos homicidios.
Organismos defensores de derechos humanos han reiterado el llamado al Estado para fortalecer la presencia institucional y garantizar la protección de la vida en territorios históricamente olvidados, donde la ausencia de garantías ha facilitado la operación de estructuras criminales.
Este caso, que estremece por su crueldad y simbolismo, deja al descubierto la urgente necesidad de una paz real y sostenible, que priorice la protección de las comunidades y el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.
