
En una ajustada votación, el Senado de la República rechazó este miércoles la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro, que buscaba revivir parte de la reforma laboral a través de 12 preguntas dirigidas a la ciudadanía.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Bruce Mac Master, calificó la propuesta como un mecanismo con fines “electorales y partidistas”. “Claramente se estaba utilizando exclusivamente con fines políticos, no para tomar decisiones responsables”, afirmó.
Desde la oposición y sectores técnicos también hubo críticas. Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, responsabilizó al ministro del Interior, Armando Benedetti, del fracaso del trámite: “Ese tigre no sirvió”, escribió en su cuenta de X.
La reacción más fuerte vino del propio jefe de Estado. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente Petro denunció un supuesto fraude durante la votación, comparándolo con el proceso electoral de 1970. Según el mandatario, el senador Efraín Cepeda cerró la votación cuando se alcanzaba la mayoría a favor del Gobierno.
“No se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude, como en un 19 de abril de 1970. Efraín Cepeda cometió el peor error posible que en Colombia pueda cometerse: usar el fraude”, escribió Petro.
El presidente hizo un llamado a la movilización social y convocó a diferentes sectores populares a organizarse: “Propongo de inmediato la reunión de las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena para dar el paso siguiente”.
En medio del llamado a la movilización, Petro ordenó a la fuerza pública evitar el uso de la violencia: “La orden como presidente de la República de Colombia es que, en estos momentos, la fuerza pública no debe hacer uso de su fuerza contra el pueblo. Su presencia debe ser la suficiente para cuidar los edificios de las instituciones y garantizar la convivencia pacífica”.
El futuro de la reforma laboral vuelve a quedar en suspenso, mientras el Gobierno insiste en llevar la agenda social a las calles.



