Colombia volvió a vivir una semana de tensión por las movilizaciones sociales y la discusión sobre las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno. Una controversia que nos obliga a reflexionar sobre una pregunta fundamental: ¿hasta dónde llega el derecho a protestar y dónde comienza el derecho de los demás a vivir en paz?
Nuestra Constitución garantiza la protesta pacífica. Los ciudadanos tienen todo el derecho de expresar su inconformidad, cuestionar las decisiones del Gobierno y exigir cambios. Ese derecho debe respetarse y protegerse, independientemente de quién gobierne.
Pero protestar no significa tener licencia para destruir, agredir o vulnerar los derechos de los demás.
Pintar fachadas ajenas, vandalizar monumentos, destruir establecimientos comerciales, incendiar bienes públicos o atacar a policías y militares no son expresiones legítimas de inconformidad. Son conductas que, según las circunstancias, pueden constituir infracciones o delitos y deben ser investigadas y sancionadas conforme a la ley.
La fuerza pública tiene una responsabilidad constitucional: proteger la vida, garantizar la seguridad y preservar la convivencia. Sus intervenciones frente a hechos violentos deben contar con respaldo institucional y jurídico, siempre bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto por la dignidad humana.
La autoridad no debe confundirse con autoritarismo, así como la protesta no debe confundirse con impunidad.
También debemos reconocer que detrás de cada uniforme hay un ser humano, una familia y una responsabilidad de servicio. Agredir a un policía o a un soldado no fortalece ninguna causa social. Del mismo modo, ningún uniformado está autorizado para vulnerar los derechos de un manifestante pacífico.
El Gobierno tiene la obligación de mantener el orden público y garantizar que las ciudades no queden sometidas a actos violentos. Esa responsabilidad debe ejercerse sin criminalizar a quienes protestan legítimamente.
Y aquí aparece una contradicción política: algunos defienden las manifestaciones cuando están en la oposición, pero las cuestionan cuando llegan al poder. Los principios constitucionales no pueden cambiar dependiendo de quién gobierne.
La protesta merece garantías, pero los ciudadanos que no participan también tienen derechos. El comerciante que abre su negocio, el trabajador que necesita movilizarse, el estudiante que quiere asistir a clases y la familia que desea vivir tranquila merecen protección.
Desde mi perspectiva, Colombia necesita una discusión más seria sobre el ejercicio de la autoridad. Ni la violencia de particulares puede justificarse en nombre de una causa política, ni el uso de la fuerza puede quedar por fuera de los controles legales.
Defender el derecho a protestar y exigir respeto por la fuerza pública no son posiciones incompatibles. Son dos responsabilidades de una misma democracia.
Porque las diferencias políticas se expresan con argumentos, propuestas y movilizaciones pacíficas, no mediante agresiones o destrucción.
Y termino con una reflexión:
¿Qué clase de país estamos construyendo si, para exigir nuestros derechos, terminamos pisoteando los derechos de los demás?
Colombia necesita libertad para protestar, autoridad para proteger y justicia para responder ante los abusos, sin importar de dónde provengan.
La democracia se fortalece cuando la protesta es libre, la autoridad actúa dentro de la ley y todos respetamos la dignidad humana.
