La Procuraduría General de la Nación reactivó el debate político en Ibagué y el Tolima tras emitir un fallo en primera instancia que inhabilita por 12 años al exalcalde Andrés Hurtado, por una presunta participación indebida en política durante el proceso electoral de 2023, cuando habría respaldado a la entonces candidata a la Alcaldía de Ibagué, Johana Aranda.
La decisión se conoció luego de una extensa audiencia realizada el pasado 21 de enero y generó reacciones inmediatas en el entorno político regional, especialmente por el momento en que se produce: Hurtado ha venido consolidando un proyecto político con miras a la Gobernación del Tolima en 2027 y mantiene una presencia activa en el escenario electoral.
Horas después de conocerse el fallo, el equipo jurídico del exmandatario presentó la apelación correspondiente, insistiendo en que la decisión no es definitiva y que existen pruebas suficientes para demostrar que no hubo intervención irregular en política. El proceso, ahora, entra en una nueva fase que podría extenderse en el tiempo y que, de confirmarse en segunda instancia, terminaría siendo revisado por el Consejo de Estado.
Andrés Hurtado respondió de manera directa a la decisión del ente de control y aseguró que se trata de un fallo que aún no define su situación jurídica ni política. “Este fallo es de primera instancia y fue apelado de manera oportuna. Tenemos plena confianza en que, con el material probatorio y el trabajo de nuestro equipo jurídico, se demostrará mi inocencia”, afirmó.
El exalcalde fue más allá y dejó ver su inconformidad con lo que considera un intento por afectar su proyecto político. “Nos quieren sacar del camino, pero con la ayuda de Dios no lo lograrán. Nuestro proyecto sigue firme. Seguiremos trabajando con amor, convicción y compromiso por los tolimenses”, expresó, enviando un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.
Hurtado también subrayó que, mientras el proceso no quede en firme, conserva plenamente sus derechos políticos y no se encuentra inhabilitado para aspirar a cargos de elección popular. En ese sentido, reiteró su intención de participar activamente en el escenario político de cara a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo y a la contienda por la Gobernación del Tolima en 2027.
El fallo de la Procuraduría, aunque no definitivo, abre un nuevo capítulo de tensión política en la región y deja sobre la mesa interrogantes sobre el alcance real de la sanción, el desenlace jurídico del proceso y el impacto que este episodio tendrá en el reacomodo de fuerzas políticas en el Tolima en los próximos años.
