-Carlos Heberto Ángel y Lina Piedad Celis son los responsables de dar destinación distinta a millonarios recursos que debían ser destinados en escenarios deportivos para los fallidos Juegos Nacionales de 2015.
En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por 13 años al exgerente y a la exdirectora Administrativa, Financiera y Técnica del IMDRI (Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Ibagué), Carlos Heberto Ángel Torres y Lina Piedad Celis, por la destinación oficial diferente de dineros que debieron ser invertidos en infraestructura deportiva y que terminaron en el pago de impuestos.
La Sala Disciplinaria Ordinaria confirmó la decisión de la Primera Delegada para la Contratación Estatal que declaró responsables a los disciplinados por dar a los recursos de la cuenta corriente No. 300- 09321-8 del Banco del Occidente, para «pre inversión e inversión Infraestructura» para los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015, una destinación diferente a la que estaba prevista.
La Procuraduría encontró que se cancelaron con cargo a la misma los impuestos de Retención en la Fuente, IVA e Industria y Comercio algunos periodos de la vigencia 2014, comportamiento con el cual los disciplinados incurrieron en falta disciplinaria que se adecuó a la descripción típica del delito de peculado por aplicación oficial diferente, en los términos de la Ley 734 de 2002 (artículo 48.1).
Al analizar los argumentos presentados en el recurso de apelación, la Sala Disciplinaria Ordinaria ratificó la ocurrencia de la falta disciplinaria cuando se afectó el deber de dar uso oficial al presupuesto de inversión destinado a la infraestructura deportiva “el cual tenía como objeto cardinal la construcción de tejido social a través de la integración de comunidades de todo el país, pues los Juegos Deportivos y Recreativos Nacionales, como se dijo, son el máximo evento de deporte social comunitario de Colombia y la realización de las obras reportaba en sentido general beneficio para los colombianos que participarían en las justas, y en especial para la ciudadanía de municipio de Ibagué por cuanto en esa comunidad perdurarían los nuevos escenarios deportivos y las adecuaciones implementadas a las sedes existentes”.
Así mismo, advirtió que los funcionarios desconocieron las normas y procedimientos presupuestales que obligaban a dar la aplicación oficial a unos recursos con destinación específica, conducta con la que incumplieron los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que caracterizan la actuación administrativa.
La Procuraduría calificó definitivamente la falta de los disciplinados como gravísima, a título de dolo.