Cada vez que un niño o joven se sube al podio, ondea la bandera y recibe una medalla, miles aplauden, se toman fotos, lo exaltan como un orgullo nacional. Pero ¿dónde estaban todos ellos cuando ese deportista necesitaba apoyo, transporte, alimentación, un uniforme o simplemente un espacio digno para entrenar?
En Ibagué, como en muchas otras ciudades del país, los padres de familia que tienen hijos en proceso formativo deportivo viven con una carga que no siempre se ve. Algunos los acusan de quererlo “todo gratis”, como si la exigencia de condiciones mínimas fuera un capricho y no una necesidad. Porque hoy en día, con el alto costo de vida, mantener a un hijo en el deporte —así sea recreativo— es casi un lujo: hay que pagar mensualidades, transporte, hidratación, implementos, viajes, y aún así, soportar cobros adicionales como el parqueadero en un escenario público.
Y sí, tienen razón en molestarse. No hay bolsillo que aguante, pero más allá de eso, no hay coherencia. ¿Cómo es posible que hablemos de deporte como solución a tantos problemas sociales —la drogadicción, la violencia, el uso excesivo de pantallas—, pero a la hora de priorizar recursos, el deporte sea el primero en ser recortado del presupuesto nacional?
Recientemente, la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio del Deporte (ASMINDEP) advirtió sobre una reducción presupuestal por parte del gobierno del presidente Petro alarmante: 44 % menos inversión para 2026, y 84 % menos si se compara con lo asignado en 2024. ¿Eso es apostar al deporte? ¿Eso es ver en él una herramienta de transformación social?
Me gustaría ver a los ibaguereños y tolimenses tan indignados por este tipo de decisiones como lo están por el cobro de un parqueadero. Me gustaría ver plantones frente al estadio Manuel Murillo Toro preguntando por qué el Deportes Tolima —una empresa privada— utiliza sin mayor discusión un escenario público, mientras los niños que apenas empiezan su camino deben sacar plata hasta para parquear.
La ley debería ser para todos, ¿o no?
Y ojo: estoy de acuerdo con que se cobre el servicio de parqueadero en los escenarios deportivos, pero no a los deportistas. El cobro debe ser razonable y diferenciado, porque quienes entrenan allí a diario ya hacen un esfuerzo económico enorme para representar a sus clubes, sus barrios, sus ciudades, sus departamentos y su país.
Decir que el deporte es un derecho y no un privilegio no puede ser solo una frase bonita en la Constitución Política Colombiana. Debe traducirse en políticas públicas, en presupuesto real, en escenarios adecuados, en entrenadores bien pagos y en apoyo continuo, no solo cuando llegan las medallas. No es que los padres lo quieran todo gratis; es que cada joven que compite lo hace por un país entero, y cada victoria es una lección para otros jóvenes que también sueñan con superarse.
¿Cuándo entenderá el Estado que invertir en deporte, como en salud y educación, no es un gasto, sino el camino para construir una sociedad más sana, más equitativa y con más oportunidades?
Porque a este paso, el deporte terminará siendo un lujo de pocos, cuando debería ser el derecho de todos.
