Lo que por meses fue un secreto a voces y una denuncia constante desde la oposición, hoy es un escándalo de proporciones globales que mancha para siempre la dignidad de Colombia. La reciente revelación del New York Times y de la agencia AP no deja espacio para eufemismos: fiscales federales en Nueva York y la DEA están investigando al presidente Gustavo Petro por presuntos nexos con el narcotráfico internacional, catalogándolo como un «objetivo prioritario». No estamos hablando de un error administrativo; estamos hablando de la sospecha de que la Casa de Nariño ha sido secuestrada por el crimen organizado.
La gravedad de las pesquisas lideradas por despachos en Manhattan y Brooklyn es paralizante. Los documentos y testimonios apuntan a posibles vínculos directos del entorno presidencial con las organizaciones criminales más sanguinarias del continente: el Cártel de Sinaloa en México y el infame «Cártel de los Soles» en Venezuela. Ahora, la vergonzosa defensa que Petro hizo durante años de la dictadura de Nicolás Maduro y su rabia ante la captura del dictador venezolano cobra un sentido oscuro y aterrador. No era solidaridad ideológica; la justicia estadounidense investiga si era una sociedad de negocios ilícitos.
Pero esto no nos toma por sorpresa. El pecado original de este desgobierno se gestó en la campaña presidencial de 2022. Esta investigación de la DEA es la pieza del rompecabezas que faltaba para entender por qué entraron ríos de dinero oscuro a la campaña del Pacto Histórico. No podemos olvidar que el propio hijo del presidente, Nicolás Petro, confesó ante la justicia colombiana el ingreso de dineros irregulares. Lo que la justicia norteamericana hoy investiga es si esos fondos no eran simples donaciones de cuestionados, sino el pago anticipado de los grandes cárteles de la droga para comprar la Presidencia de la República.
Las revelaciones también exponen el verdadero propósito de la llamada «Paz Total». Según las indagaciones en EE. UU., representantes del mandatario habrían visitado la cárcel La Picota para ofrecer a grandes capos frenar sus extradiciones a cambio de sobornos y apoyo político. No buscaban pacificar a Colombia; buscaban institucionalizar la impunidad y brindarle un paraíso seguro a los narcos a costa de la sangre de nuestros soldados y policías.
El daño institucional y reputacional para nuestro país es incalculable. Colombia, una nación que ha puesto los muertos, las viudas y los huérfanos en la guerra contra el narcotráfico, hoy es vista por el mundo libre como un Estado cómplice. Mientras Petro viaja por el mundo dando discursos vacíos sobre el cambio climático y atacando a las democracias occidentales, las agencias de inteligencia lo investigan por presuntamente facilitar el contrabando de cocaína por nuestros puertos.
Un mandatario que es «objetivo prioritario» de la DEA por narcotráfico transnacional carece de la legitimidad moral, política y jurídica para seguir dirigiendo los destinos de casi 50 millones de colombianos. Si a Gustavo Petro le queda un mínimo de respeto por la institucionalidad de este país, debe dar un paso al costado para asumir su defensa. Colombia no es, ni será jamás, el escudo protector de ningún cártel.
La opinión del columnista obedece exclusivamente a su criterio y al del sector que representa, y no compromete ni refleja la postura ni la línea editorial del medio de comunicación Ángeles TV.
