Esta opinión nace de un sentir genuino. Desde que comenzaron las apariciones de Juliana Guerrero con un nivel tan alto de incidencia en la agenda del país, mi primera reacción fue incluso positiva: pensé que era valioso ver a una mujer joven, preparada y con iniciativa en la cúspide del poder. Sin embargo, pronto surgió una pregunta inevitable: ¿por qué está ahí?
La respuesta, tristemente, parece encontrarse en la Casa de Nariño. En la política colombiana —un escenario que muchos conocemos de cerca— nadie llega lejos sin padrinazgos o sin un caudal electoral que lo respalde. De esta joven se desconoce lo segundo, pero lo más preocupante es lo primero: tampoco cuenta, según lo revelado por varios medios, con una formación profesional sólida. Es decir, no tiene las bases académicas que brindan la escuela y la universidad para asumir responsabilidades de alto nivel en el Estado.
En el gobierno de Gustavo Petro han ocurrido situaciones que obligan a cuestionar seriamente la idoneidad de sus funcionarios. Se han visto maniobras que bordean lo irregular para ubicar personas en cargos públicos, pasando por encima de requisitos básicos y enviando un mensaje profundamente equivocado: que estudiar no vale la pena. Y eso es grave.
Muchos, como yo, hemos apostado por la formación académica no solo como un requisito, sino como una herramienta para servir mejor en la vida pública, para tomar decisiones con criterio, para asesorar y dejarnos asesorar sin caer en la manipulación derivada del desconocimiento. Por eso resulta frustrante ver cómo se desdibuja el valor del conocimiento.
Soy crítico de que en este país haya personas en el poder sin preparación académica ni capacidad para sostener debates a la altura de los desafíos nacionales. Pero lo más decepcionante es que, desde el propio Gobierno, se legitime esta práctica. El mensaje que se envía, especialmente a los jóvenes, es devastador: no importa el esfuerzo, no importan los títulos, no importa la disciplina; el poder parece depender más de conexiones que de méritos.
El atraso de Colombia tiene múltiples causas. Una de ellas, sin duda, ha sido la influencia del narcotráfico en las estructuras de poder. Pero también pesa el desconocimiento de una ciudadanía que, muchas veces, asocia la “humildad” con la idoneidad, y termina eligiendo o respaldando a personas sin propuestas, sin preparación y sin visión. No se trata de desestimar el origen social de nadie, sino de exigir capacidades reales para gobernar.
Así hemos visto llegar a alcaldes, congresistas y otros funcionarios a escenarios de decisión sin nociones básicas de administración pública, sin visión de largo plazo y con una comprensión limitada de los problemas estructurales. Ese es, en buena medida, el origen del estancamiento de muchos territorios.
El primer mérito que debería exigirse a cualquier servidor público —elegido o designado— es la formación. No como un simple título, sino como evidencia de disciplina, conocimiento y compromiso. Por respeto a quienes soñamos con formarnos, con hacer las cosas bien y con construir país desde la preparación, resulta indignante ver cómo se premia la improvisación.
Ojalá el próximo gobierno entienda que la idoneidad no es negociable. Que gobernar no es un experimento. Y que la juventud colombiana merece algo mejor que este tipo de mensajes y nombramientos, que lejos de inspirar, terminan desalentando
