El Ministerio de Justicia alista un ambicioso proyecto de ley que busca establecer un marco legal para el sometimiento colectivo a la justicia de grupos armados ilegales y estructuras del crimen organizado. La propuesta, que será radicada en los próximos días ante el Congreso de la República, plantea penas diferenciadas, beneficios jurídicos y un régimen especial de transición a la legalidad como parte de la estrategia del Gobierno nacional para desmantelar organizaciones criminales en todo el país.
La iniciativa surge en el marco de la política de “paz total” impulsada por el Ejecutivo, y contempla dos escenarios de aplicación:
1. Cuando un grupo armado firme un acuerdo de paz con el Estado.
2. Cuando un grupo criminal se someta de forma unilateral a la justicia.
En ambos casos, se establece un plazo máximo de 18 meses para activar el procedimiento penal especial, con la posibilidad de aplicarlo de forma progresiva, según los niveles de responsabilidad y estructura de las organizaciones.
Penas diferenciadas según el rol en la organización
El proyecto contempla un sistema escalonado de sanciones:
Cabecillas y altos mandos, responsables de crímenes de guerra o violaciones graves a los derechos humanos, recibirán penas alternativas de entre 5 y 8 años.
Miembros sin poder de decisión, pero implicados en estos delitos, enfrentarán penas de 2 a 5 años.
Para quienes solo hayan pertenecido al grupo sin cometer delitos graves, se contemplan penas reducidas o no privativas de la libertad, mediante procesos abreviados.
Condiciones para acceder a los beneficios
Los desmovilizados deberán cumplir con requisitos estrictos, como:
Abandonar las armas de manera definitiva.
Entregar bienes adquiridos ilícitamente.
Aportar verdad, reparación y garantías de no repetición para las víctimas.
Firmar un compromiso formal de no reincidencia.
Además, se establecerán mecanismos de seguimiento, y la Fiscalía deberá priorizar los procesos penales para facilitar una transición legal con garantías.
Riesgos y controversias
El proyecto ya genera división. Organizaciones de derechos humanos y sectores de oposición advierten que podría derivar en una forma encubierta de amnistía para narcotraficantes y actores criminales de alto perfil, poniendo en riesgo la justicia y el respeto a los derechos de las víctimas.
Por su parte, el Gobierno defiende la propuesta como una herramienta pragmática y necesaria para enfrentar un fenómeno que no ha podido ser contenido exclusivamente con el uso de la fuerza.
La iniciativa se espera sea uno de los proyectos más debatidos del próximo periodo legislativo, ya que toca de frente la política de seguridad, la justicia transicional y el cumplimiento de los compromisos del Estado con las víctimas del conflicto.
