La seguridad de Ibagué quedó en manos de un militar con una amplia trayectoria en el Ejército Nacional, pero también con un nombre que ha estado en el centro de la polémica nacional. El brigadier general en retiro Jhon Jairo Rojas Gómez fue designado como nuevo secretario de Gobierno de la capital tolimense.
Rojas acumuló 36 años de servicio en las Fuerzas Militares, donde ocupó cargos de alto nivel como comandante de la Sexta Brigada en Tolima, la Tercera División y el Comando Conjunto No. 2 Suroccidente, con jurisdicción en departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Nariño, regiones marcadas por el conflicto armado.
Sin embargo, su carrera también estuvo rodeada de controversias. En 2023, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación en su contra por presuntas irregularidades de carácter operacional, administrativo y personal. Entre las líneas de investigación conocidas públicamente figuraban supuestos hechos de corrupción, presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales y denuncias relacionadas con acoso sexual, señalamientos que el oficial ha rechazado.
Las investigaciones trascendieron al punto de que Rojas no ascendió al grado de mayor general y posteriormente pasó a retiro del Ejército. Años después, algunas publicaciones señalaron que parte de las acusaciones en su contra habrían perdido sustento y que el general sostuvo que fue víctima de un montaje, insistiendo en que siempre combatió a los grupos armados ilegales.
Ahora, el oficial retirado asume uno de los cargos más sensibles de la Administración Municipal: la Secretaría de Gobierno, dependencia encargada de coordinar las estrategias de seguridad, convivencia ciudadana y articulación con la Fuerza Pública.
Su llegada se produce en un momento en el que Ibagué enfrenta retos en materia de seguridad, extorsión, homicidios y percepción ciudadana, por lo que su experiencia militar será puesta a prueba desde un escenario distinto al castrense.
Aunque las investigaciones conocidas públicamente no equivalen a una condena judicial y rige la presunción de inocencia, el nombramiento del general (r) Jhon Jairo Rojas vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la designación de exaltos mandos militares en cargos de la administración pública y el peso de sus antecedentes en la opinión pública.
