La Fiscalía General de la Nación anunció que interpondrá recurso de apelación contra la decisión que en primera instancia tomara un juzgado penal del circuito este lunes 17 de abril, de declarar fallo absolutorio a favor del exalcalde de Ibagué (Tolima) Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por las irregularidades que el ente acusador detectó en la contratación para la decoración y actividades navideñas de la ciudad en el año 2016, cuando se desempeñaba como primera autoridad de la ciudad.
La Fiscalía a través de un despacho seccional de la Unidad de Administración Pública y su equipo de peritos del CTI lograron recopilar las suficientes pruebas y evidencia física para demostrar la culpabilidad de Jaramillo Martínez en el desarrollo de este convenio que se celebró el 11 de noviembre del año 2016 bajo el número 1918.
El convenio era para promocionar las actividades institucionales, culturales, turísticas, sociales y recreativas para el embellecimiento navideño de la administración municipal y desarrollo de la gente para el fin de año del municipio de Ibagué, por valor de $1’600.000 millones de pesos.
Si bien la Corporación Festival Folclórico Colombiano tenía experiencia en el manejo de actividades relacionadas con el folclor, reinados y similares, no la tenía para lo que se suscribió el convenio, que entre otros fue diseñar, alquilar, transportar, instalar, realizar mantenimiento y desinstalar la pista de hielo, pesebre a escala y juegos infantiles, para diferentes escenarios de la ciudad como los parques, plazas y el edificio del Palacio Municipal, al igual que el manejo del alumbrado público decembrino.
Debido a ello la corporación se vio obligada a subcontratar tres empresas que cumplieran con dicha labor.
Uno de los testigos presentados por el ente acusador en el año 2020 cuando dio inicio al juicio en contra del exalcalde, fue el exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Luis Alfredo Huertas, quien señaló en su testimonio que, en septiembre de ese año, la Alcaldía Municipal a través de un grupo de colaboradores del mandatario de turno, buscaron la entidad con el fin de que realizaran dicho convenio.
Huertas aseguró que rechazó la propuesta porque ya se encontraban sobre el tiempo para darle cumplimiento, pues estaban a escasos dos meses de la ejecución y se requería de todo un montaje, documentación e información como contar con varias cotizaciones de oferentes interesados en hacer parte del proyecto, y en general, tener más tiempo para estudiar, analizar y profundizar la propuesta.
Fue enfático el testigo en que, por evitar incumplir dicho convenio, problemas legales y por no afectar su imagen, prefirieron hacerse a un lado. Pero recordó que, en las reuniones realizadas con el equipo de la Administración Municipal, siempre se dejó entrever que la corporación que finalmente firmó el convenio con ellos, ya aparecía entre sus opciones en las presentaciones que hacían los funcionarios sobre el tema.
Es así como dentro de los próximos cinco días hábiles, la delegada fiscal presentará por escrito la apelación, según los términos de ley.
