La decisión fue tomada luego de tres días de manifestaciones lideradas por padres de familia, deportistas y entrenadores, quienes rechazaban el acuerdo que establecía una tarifa por estacionamiento durante entrenamientos y competencias.
“Escuchamos a la ciudadanía y tomamos la decisión de liquidar bilateralmente el contrato”, aseguró la mandataria, quien había recibido críticas por lo que muchos calificaron como una medida impopular y regresiva en términos de acceso al deporte.
El contrato, que contemplaba una duración de 11 años, establecía que el 80% de los ingresos serían para el operador privado y solo un 20% para el municipio, lo que generó inconformidad entre los sectores deportivos y sociales. Para varios ciudadanos, esto representaba un negocio poco equitativo y alejado del interés público.
“El contrato parecía responder a un favor político. No había razones técnicas ni sociales que justificaran cobrar por un servicio que históricamente ha sido gratuito y que está ligado al acceso al deporte”, comentó uno de los voceros de los manifestantes.
Además, padres y representantes del sector deportivo señalaron que ya existen pagos mensuales por las prácticas, y que implementar un nuevo cobro por parqueo afectaría la participación de niños y jóvenes, contradiciendo los discursos institucionales sobre la promoción del deporte y la salud mental.
La reversa de la administración ha sido interpretada por diversos sectores como una victoria de la ciudadanía organizada, que logró frenar una decisión considerada como excluyente y lesiva para el desarrollo deportivo de la capital tolimense.
