El pasado 19 de octubre de 2025, en el Tolima y en toda Colombia, se eligieron más de 470 Consejeros y Consejeras Municipales de Juventud (CMJ). Estos líderes tienen como función principal representar a las juventudes, realizar veeduría y control social, y actuar como interlocutores para gestionar iniciativas, proyectos y estrategias en beneficio de los 47 municipios del departamento. Sin embargo, surge una pregunta ineludible: ¿cuál es la remuneración por asumir este rol trascendental?
El artículo 45 de la Constitución Política establece que “el Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos”. Este mandato exige que el Estado colombiano, en todos sus niveles territoriales, garantice el principio democrático con enfoque de juventud, bajo la premisa de que a mayor participación, mayor será el bienestar y el desarrollo para el territorio.
Para dar cumplimiento a este precepto, el Legislador promulgó la Ley 1622 de 2013 (modificada por la Ley 1885 de 2018), conocida como el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Su objeto es establecer el marco institucional para que los jóvenes ejerzan plenamente su ciudadanía en los ámbitos civil, social y público.
Bajo este marco normativo se creó el sistema de los Consejos Municipales de Juventud. Los CMJ tienen funciones de vigilancia, gestión y desarrollo de proyectos conforme a las agendas territoriales y nacionales. Su labor posee una relevancia política similar a la de un concejal, diputado o congresista; no obstante, los CMJ en el Tolima y en el país no perciben un salario ni contraprestación directa por las sesiones o el tiempo dedicado a la representación política.
Entonces, ¿Qué incentivo existe para quienes ponen su nombre a consideración en este escenario? El artículo 59 del Estatuto de Ciudadanía Juvenil estipula que, ante la ausencia de salario, deben existir “estímulos de carácter educativo, cultural y recreativo”, y que las entidades deben asignar en sus presupuestos los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento. Lamentablemente, en muchos municipios del Tolima esta prerrogativa no se cumple, dejando a los consejeros en la orfandad institucional y sin garantías reales para ejercer su labor.
Ante esta necesidad, ha surgido una iniciativa juvenil que, en articulación con diversos actores institucionales, busca la creación de un Proyecto de Ordenanza. El objetivo es institucionalizar los estímulos para CMJ, brindando acceso a becas educativas, apoyo a proyectos culturales y fomento deportivo.
Es imperativo reconocer a quienes han facilitado la construcción del borrador de esta ordenanza. Agradecemos a la Asamblea Departamental del Tolima, especialmente al diputado Carlos Reyes por abrir los espacios de diálogo; a la Gobernadora del Tolima, a la Secretaría de Inclusión Social y Enfoque Diferencial, y a la Dirección Departamental de Infancia y Juventud. Pero, sobre todo, el reconocimiento es para los más de 300 consejeros y consejeras que han participado en las mesas de trabajo, logrando que este proyecto sea la voz legítima de las juventudes.
Aún quedan grandes retos en la agenda legislativa nacional. Resulta paradójico que se pida a la juventud una exposición política y una dedicación de tiempo considerables sin el reconocimiento mínimo que cualquier labor en Colombia merece: el derecho al trabajo digno.
Finalmente, las juventudes deben seguir creyendo en formas alternativas de representación, pero exigiendo siempre las garantías necesarias. Solo así, con independencia, coherencia y liderazgo, se fortalecerá nuestra democracia en pro del desarrollo de los territorios.
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