Colombia asiste hoy a un nuevo ejercicio de consulta interna, esta vez convocado por El Pacto Histórico, la coalición que busca reorganizar el proyecto político del petrismo. Se presenta como un acto de democracia participativa, un espacio para que las bases decidan y las fuerzas progresistas se reacomoden. Pero detrás del discurso, persiste una inquietud: ¿cuánto cuesta al país este nuevo experimento político?
Porque cada consulta implica un gasto. La logística, la seguridad, los jurados, los formularios, los traslados. Todo corre, en buena medida, por cuenta del Estado. Y Colombia atraviesa un momento económico difícil: déficit fiscal, recortes presupuestales, y una ciudadanía que siente que los recursos públicos no alcanzan para resolver los problemas esenciales.
El Pacto Histórico defiende su consulta como un paso hacia la “profundización democrática”. Sin embargo, más allá de la retórica, este tipo de ejercicios se ha vuelto un termómetro del poder interno del petrismo: quién manda, quién se distancia y quién intenta suceder al presidente Petro en el liderazgo del movimiento. No hay en esta jornada una disputa ideológica real, sino una competencia por los sellos, los avales y los espacios de representación.
Los nombres que figuran en la contienda son, en su mayoría, viejos protagonistas del escenario político nacional. Muchos de ellos han pasado de partido en partido, de bandera en bandera, y hoy se presentan como los nuevos guardianes del cambio. Esa aparente “renovación” luce más como una reconfiguración de intereses que como una verdadera apertura democrática.
El país necesita participación, sin duda. Pero también necesita sensatez. Consultas internas como la de hoy terminan siendo costosas, fragmentadas y, en muchos casos, irrelevantes para el ciudadano de a pie. Mientras el país enfrenta desafíos urgentes —seguridad, empleo, educación, salud—, buena parte del debate político parece reducido a una lucha por cuotas y protagonismo.
Si algo debería enseñar este momento es que la democracia no se mide por la cantidad de consultas, sino por la calidad de sus resultados. Lo que se espera de los movimientos políticos es coherencia, no espectáculo electoral.
El Pacto Histórico tiene derecho a reorganizarse y definirse. Pero el país también tiene derecho a exigir responsabilidad y mesura. Porque la democracia cuesta, y Colombia ya no puede seguir pagándola a crédito.
Este no es un cuestionamiento al Pacto Histórico ni a su ideario político. La reflexión va más allá de los colores y las banderas: apunta al modelo. Las consultas internas, sean del Pacto, de los liberales, conservadores o de cualquier movimiento, no deberían ser financiadas con dinero público. Si los partidos buscan fortalecer su democracia interna, deben asumir el costo de hacerlo. Al final, la participación política es un derecho ciudadano, pero también una responsabilidad de quienes aspiran a gobernar con coherencia y ejemplo.
