Consejo de Estado de Colombia suspendió provisionalmente el decreto del Gobierno que fijaba el salario mínimo legal para 2026 en torno a 2 millones de pesos, incluyendo auxilio de transporte, mientras se revisa su legalidad en un proceso judicial en curso.
La medida cautelar obliga al Ejecutivo nacional a expedir, en un plazo máximo de 8 días calendario, un nuevo decreto transitorio que fije un porcentaje provisional y el valor del salario mínimo para el 2026, aplicando los criterios técnicos y constitucionales establecidos en la Ley 278 de 1996. Mientras tanto, la vigencia del alza original queda congelada hasta que se profiera una decisión de fondo.
El decreto suspendido había sido expedido el 29 de diciembre de 2025 por el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras la falta de consenso entre sindicatos y empresarios en la mesa de concertación salarial, y contemplaba un incremento promedio de 23,78 % frente al salario de 2025.
📌 Duración de la suspensión: La medida cautelar está vigente mientras se resuelve el proceso judicial de fondo, aunque el Consejo de Estado estableció un límite de 8 días para que el Gobierno publique un decreto transitorio que regule el salario mínimo de forma provisional.
Motivos y cuestionamientos detrás de la suspensión
Organismos y demandantes sostienen que el decreto original habría desconocido parámetros legales obligatorios para fijar el salario mínimo, sustituyendo criterios técnicos de productividad, inflación y otros factores normativos por criterios de carácter político o discrecional. Por ello, impugnaron el acto ante el Consejo de Estado, que acogió la solicitud de suspensión provisional hasta decidir sobre la constitucionalidad del aumento.
Reacciones y debate público
El sector empresarial —representado por gremios como el de comerciantes y pequeñas empresas— había anticipado acciones legales argumentando que el incremento abrupto sin aplicación rigurosa de los criterios legales podría perjudicar la creación de empleo, especialmente en Fenalco y otros sectores.
En redes sociales y foros ciudadanos se observa debate polarizado: hay quienes señalan que la suspensión puede afectar la mejora de ingresos de los trabajadores, mientras otros critican el impacto económico que un aumento alto y repentino puede tener en la producción y competitividad.
A pesar de las consultas realizadas, **no hay declaraciones públicas específicas aún registradas de **Armando Benedetti sobre esta medida concreta de suspensión del salario mínimo en Colombia, aunque su nombre ha estado presente en el debate fiscal y de emergencia económica del Gobierno en otros contextos recientes. Algunos medios e informes señalan que, en discusiones paralelas sobre políticas económicas y estados de emergencia fiscal, Benedetti ha criticado decisiones judiciales que afectan decretos del Gobierno.
Qué sigue
El Gobierno deberá emitir un nuevo decreto transitorio dentro de los próximos 8 días que fije provisionalmente el salario mínimo para 2026, aplicando criterios técnicos estrictos previstos por la ley. Esa norma regirá hasta que el Consejo de Estado emita una sentencia de fondo sobre la legalidad del decreto original.
La decisión ha abierto un nuevo frente de discusión sobre el uso de decretos ejecutivos para políticas económicas de impacto social y laboral en Colombia, y subraya la delicada relación entre el Ejecutivo y los órganos judiciales en decisiones de gran impacto en la economía y la sociedad.
