
El Tribunal Superior de Ibagué confirmó la condena contra el exalcalde Andrés Fabián Hurtado por el uso del estadio Manuel Murillo Toro para celebrar el cumpleaños de su hijo. La decisión representa un duro golpe judicial y político para quien busca regresar al escenario electoral en 2027. Aunque su defensa acudirá a la Corte Suprema de Justicia, la incertidumbre sobre su futuro político aumenta.
El panorama político de Ibagué acaba de dar un giro significativo. Andrés Fabián Hurtado Barrera, quien gobernó la capital tolimense entre 2020 y 2023 y ha mantenido un papel protagónico en la política regional, recibió un nuevo revés judicial: el Tribunal Superior de Ibagué confirmó en segunda instancia la condena de 30 meses de prisión, equivalentes a dos años y seis meses, por el delito de peculado por uso.
La decisión, conocida este jueves 19 de noviembre, ratifica el fallo que había emitido el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagué en julio de 2026. El caso se relaciona con la utilización del estadio Manuel Murillo Toro para una celebración familiar en marzo de 2021.
Una fiesta privada en el principal escenario deportivo de Ibagué
Los hechos ocurrieron el 6 de marzo de 2021, cuando Hurtado ejercía como alcalde. Según la investigación de la Fiscalía, el estadio fue utilizado para celebrar el cumpleaños de su hijo menor.
La celebración incluyó un partido de fútbol con árbitros y narración deportiva, camisetas personalizadas y una reunión en los camerinos con decoración y alimentos. La Fiscalía también documentó el uso de instalaciones y servicios del escenario deportivo para una actividad que no hacía parte de su programación oficial.
El caso involucró igualmente a Alejandro Ortiz, entonces gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), quien recibió una condena de primera instancia por el mismo delito.
Para la justicia, el problema no fue simplemente la realización de una fiesta, sino la destinación de un bien público a una actividad particular, circunstancia que dio origen a la condena por peculado por uso.
¿Cuánto tiempo de prisión y qué otras sanciones recibió?
La sentencia de primera instancia estableció 30 meses de prisión y otros 30 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
El juez también negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria. Sin embargo, aclaró que la orden de captura para cumplir la condena se emitiría cuando la decisión quedara ejecutoriada.
Por eso, la confirmación de la condena no significa necesariamente que Hurtado deba ingresar inmediatamente a prisión. Es indispensable determinar cuándo adquiere firmeza la sentencia y cómo se resuelve el recurso extraordinario que presentará su defensa.
¿Se caen sus aspiraciones a la Alcaldía de Ibagué o a la Gobernación del Tolima?
Esta es, posiblemente, la consecuencia política más importante de la decisión judicial.
Hurtado había manifestado su intención de buscar la Gobernación del Tolima en 2027. Sin embargo, publicaciones de comienzos de noviembre señalaron que estaría considerando regresar a la Alcaldía de Ibagué, cargo que ya ocupó durante cuatro años.
Aunque no se había formalizado públicamente una candidatura, el exmandatario venía moviendo sus fichas políticas y fortaleciendo su presencia en la región.
La nueva condena pone esas aspiraciones en una situación delicada.
El artículo 122 de la Constitución Política de Colombia contempla una inhabilidad para quienes hayan sido condenados por delitos que afecten el patrimonio del Estado, impidiéndoles inscribirse como candidatos a cargos de elección popular.
La Corte Constitucional ha explicado que esta prohibición puede tener carácter permanente cuando se cumplen los requisitos constitucionales correspondientes. Corte Constitucional
Pero existe una distinción fundamental: Hurtado tiene una condena confirmada en segunda instancia y su defensa todavía anuncia un recurso de casación.
Por tanto, no sería jurídicamente riguroso afirmar hoy que sus aspiraciones electorales quedaron definitivamente anuladas.
Para establecer las consecuencias concretas será necesario conocer la firmeza de la sentencia, el resultado del trámite ante la Corte Suprema y la aplicación de las causales de inhabilidad al caso.
En términos políticos, sin embargo, el panorama ya cambió: cualquier proyecto electoral de Hurtado tendrá que enfrentar el peso de dos decisiones judiciales condenatorias.
La Corte Suprema, su última gran apuesta judicial
La defensa del exalcalde anunció que acudirá al recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Esta herramienta permite cuestionar una sentencia por determinadas razones jurídicas, pero no equivale a repetir íntegramente el juicio.
También existe una discusión especialmente sensible sobre la prescripción del proceso, cuya fecha límite ha sido objeto de distintas interpretaciones durante los últimos meses. Una publicación de este 19 de noviembre señala el 20 de noviembre como fecha relevante para ese debate.
Por ello, el desenlace dependerá de las actuaciones procesales y de las decisiones judiciales correspondientes. No puede asegurarse anticipadamente que el proceso prescribirá o que la condena será anulada.
El Partido de la U enfrenta un problema político de grandes proporciones
El caso no afecta exclusivamente a Andrés Hurtado. También coloca bajo presión al Partido de la U, colectividad de la que el exalcalde es uno de los principales referentes en el Tolima.
En marzo de 2025, Hurtado fue elegido presidente del directorio departamental del partido durante un encuentro que reunió a representantes de los 47 municipios tolimenses.
Desde esa posición consolidó su protagonismo dentro de la organización y su influencia en la construcción de candidaturas y alianzas regionales.
Ahora surge una pregunta inevitable: ¿cómo enfrentará el Partido de la U una campaña regional con su principal dirigente departamental condenado en segunda instancia por peculado por uso?
El problema tiene varias dimensiones.
En primer lugar, está el impacto reputacional. Una colectividad que pretende presentarse ante los ciudadanos como alternativa de gobierno tendrá que explicar su posición frente a una sentencia penal que compromete a uno de sus dirigentes más visibles.
En segundo lugar, aparece la incertidumbre electoral. Si Hurtado finalmente no puede aspirar, el partido tendría que reorganizar su estrategia, evaluar otros liderazgos y reconsiderar las alianzas que estuviera construyendo para 2027.
Y, en tercer lugar, está el desafío interno: determinar si la colectividad mantendrá su respaldo político a Hurtado mientras agota sus recursos judiciales o si promoverá una renovación de su dirigencia regional.
Hasta el momento de esta consulta no se ha verificado un pronunciamiento oficial reciente del Partido de la U sobre la condena confirmada este 19 de noviembre. Tampoco hay elementos suficientes para afirmar que Hurtado haya perdido automáticamente la presidencia del directorio departamental.
Otro antecedente judicial y disciplinario
El proceso del estadio no es el único episodio que ha generado controversia alrededor del exalcalde.
En enero de 2026, la Procuraduría le impuso en primera instancia una sanción de destitución e inhabilidad por 12 años, relacionada con una investigación por participación indebida en política durante su administración.
No obstante, esa sanción fue revocada en segunda instancia en septiembre de 2026, por lo que no debe presentarse como una inhabilidad actualmente vigente.
Asimismo, Hurtado ha enfrentado actuaciones judiciales relacionadas con el proyecto del puente de la calle 60. Es importante diferenciar esas investigaciones de la condena por el estadio: una imputación no equivale a una declaración de culpabilidad.
¿El principio del fin de una aspiración política?
La sentencia contra Andrés Fabián Hurtado abre una nueva etapa en la política ibaguereña.
El exalcalde, que hasta hace poco evaluaba si buscar nuevamente el Palacio Municipal o aspirar a la Gobernación del Tolima, deberá concentrar parte importante de sus esfuerzos en su defensa judicial.
La confirmación de la condena representa un revés para su proyecto personal, pero también plantea un desafío para el Partido de la U, que ha construido alrededor de su liderazgo una parte de su estructura regional.
No obstante, el impacto electoral definitivo dependerá de la evolución del proceso judicial y de las decisiones que adopten tanto Hurtado como su colectividad.
La pregunta ya no es solamente si Andrés Hurtado quiere regresar al poder, sino si jurídicamente podrá presentarse ante los electores en 2027.
Y para el Partido de la U queda otro interrogante: ¿mantendrá su apuesta alrededor de Hurtado o comenzará a preparar un nuevo liderazgo para enfrentar las próximas elecciones regionales?




