La medida buscaba restringir nuevas actividades mineras y contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cerca de 483.283 kilómetros cuadrados del territorio nacional.
Sin embargo, el Gobierno de Abelardo De La Espriella dejó sin efecto este instrumento de protección mediante una decisión anunciada el 26 de octubre, reabriendo el debate sobre el futuro de la conservación ambiental y las condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos extractivos en la Amazonía colombiana.
El Ministerio de Ambiente justificó la revocatoria al señalar que no había culminado la consulta previa con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que podían verse afectadas por la declaratoria. Según la entidad, el procedimiento debía garantizar la participación de estas comunidades antes de consolidar la medida.
La cartera también cuestionó el alcance de la resolución frente a problemáticas como la deforestación, la minería ilegal y el acaparamiento de tierras. Su argumento es que la protección de la Amazonía requiere control territorial, presencia institucional y alternativas económicas sostenibles, además de restricciones administrativas.
Aunque la decisión no autoriza automáticamente la minería ni la explotación petrolera en toda la Amazonía, sí elimina las restricciones específicas que dependían exclusivamente de la resolución revocada. Esto podría facilitar el avance de algunos trámites relacionados con nuevos proyectos extractivos, siempre que se encuentren fuera de áreas donde otras normas lo prohíban y cumplan los requisitos ambientales y legales correspondientes.
La revocatoria pone nuevamente sobre la mesa el contraste entre la estrategia de protección impulsada durante el Gobierno de Petro y la decisión de la actual administración de retirar ese instrumento. Mientras el Ministerio defiende su determinación por razones jurídicas y de participación comunitaria, persisten interrogantes sobre las consecuencias que tendrá para la conservación de uno de los ecosistemas más estratégicos del país.
