El presidente Abelardo De La Espriella expidió el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, con el que modificó el protocolo de actuación de la fuerza pública durante las protestas en Colombia. La decisión se conoció en vísperas de las movilizaciones nacionales convocadas para el día siguiente y puso sobre la mesa nuevas disposiciones para atender situaciones que comprometan la seguridad, la movilidad y el acceso a servicios esenciales.
Uno de los puntos centrales de la norma establece que la Policía podrá intervenir contra quienes cometan actos violentos sin tener que esperar a que termine el diálogo con todos los manifestantes. Aunque la conversación y la mediación siguen siendo herramientas para manejar las protestas, las autoridades podrán actuar directamente cuando las circunstancias lo justifiquen. En esos casos, deberán explicar y documentar las razones de su intervención.
La regulación también contempla medidas frente a bloqueos prolongados que afecten la movilidad, la actividad productiva o el acceso a bienes y servicios esenciales. Además, establece la necesidad de garantizar el paso de ambulancias, misiones médicas, organismos de socorro y vehículos que transporten alimentos, medicamentos e insumos hospitalarios.
El Gobierno defiende la disposición como una herramienta para proteger a la ciudadanía, preservar la movilidad y responder ante hechos violentos sin desconocer el derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, la decisión ha despertado inquietudes sobre los límites de la actuación policial y las garantías de quienes participan en las manifestaciones.
La senadora Jennifer Pedraza anunció una demanda contra el decreto ante el Consejo de Estado. La congresista cuestiona que se regulen aspectos relacionados con el ejercicio de un derecho fundamental mediante una norma expedida por el Ejecutivo y advierte sobre los posibles efectos de la medida en la prioridad del diálogo y la mediación. Otros congresistas también han expresado reparos y anunciado acciones judiciales.
La expedición del decreto el 13 de octubre, apenas un día antes de las movilizaciones nacionales contra el Gobierno, le dio especial relevancia a la decisión en medio de la jornada de protesta. Su aplicación y las acciones judiciales anunciadas serán determinantes para establecer cómo se interpretarán estas disposiciones en futuras manifestaciones.
El debate se centra ahora en el equilibrio entre la capacidad del Estado para responder ante hechos violentos y la obligación de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente.
